Política
La Universidad Católica convoca a elegir al representante de las universidades privadas ante la SUNEDU
A través de un comunicado, la casa de estudios decidió implementar el mandato del Tribunal Constitucional que dispuso la validez de la Ley 35120, ley que la SUNEDU se negó a cumplir porque dispone el final del actual Consejo Directivo.
La Pontificia Universidad Católica del Perú publicó, el 14 de febrero, un comunicado convocando a las universidades privadas a participar en el proceso que elegirá al representante que debe integrarse al nuevo Consejo Directivo que tendrá la SUNEDU en los próximos días.
Este anuncio es de suma importancia por cuanto la Universidad Católica ha decidido actuar dentro de la legalidad y con respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional que dispuso la vigencia de la ley 35120 que pone fin a la actual gestión de la SUNEDU. De este modo, la casa de estudios de Pueblo Libre se ubica en una posición muy distinta a la cuestionable actitud tomada por el Comité Directivo de la SUNEDU que fenece en estos días.
En efecto, encabezados por el superintendente Oswaldo Zegarra, tomaron la insólita e ilegal decisión de desconocer el mandato del citado tribunal, buscaron el apoyo político del primer ministro Alberto Otárola, quien intentó convertirse en el operador de la SUNEDU, y armaron una campaña mediática para incumplir con la ley ley 35120. Actos sumamente cuestionables, más tratándose de un ente como la SUNEDU que debe cuidar la buena marcha de la educación superior.
En este contexto, la convocatoria que acaba de realizar la Universidad Católica, contiene una posición institucional muy distinta a la adoptada por la SUNEDU. En efecto, la prestigiosa casa de estudios ha hecho público un comunicado detallando un calendario electoral donde señala que el día y el lugar de la elección del representante de las universidades privadas será el 10 de marzo de 2023.
Lo importante y crucial del comunicado de la Universidad Católica se encuentra en dos puntos. Primero, la universidad privada más antigua de nuestro país cuenta con una tradición de grandes juristas en sus aulas y, en ese sentido, su rector, Carlos Garatea Grau, ha sabido honrar esa tradición jurídica al reconocer la validez del fallo del Tribunal Constitucional, dando una muestra de que las decisiones judiciales, discutidas o no, deben ser cumplidas.
El segundo efecto del comunicado es que la Universidad Católica al realizar la convocatoria, está señalando que la Ley N° 35120 no necesita ser reglamentada y se encuentra vigente. Es una posición legal muy distinta al argumento ensayado por quienes quisieron exigir un innecesario reglamento para una ley que únicamente modifica artículos puntuales de la Ley Universitaria, que es una ley en plena vigencia.
En ese sentido, el rector de la Universidad Católica, Carlos Garatea, se ha alejado del uso de leguleyadas como intentaron hacer el superintendente Oswaldo Zegarra y el primer ministro Otárola, en su rol de fugaz operador político de la SUNEDU.
Un aspecto en el que la Universidad Católica deberá refrendar su, hasta el momento, legítima posición es en un punto que aparece en el artículo diez de los lineamientos de la convocatoria para elegir al representante de las universidades privadas. Dicho lineamiento indica que la Universidad Católica no solo está convocando al acto electoral, sino que ha constituido una comisión que resolverá todas las incidencias del proceso electoral desde verificar el cumplimiento formal de los requisitos de los candidatos hasta resolver las tachas. Está integrada por “tres miembros de su comunidad universitaria: el Jefe del Departamento Académico de Derecho, el Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Director Académico de Relaciones con la Iglesia”.
Al ser una comisión integrada exclusivamente por miembros de la Universidad Católica es de esperar que su actuación no sea sesgada y, al haber solicitado la asesoría de la ONPE, se espera que se alejen de las prácticas inequitativas que ha exhibido el organismo electoral en los últimos procesos electorales.
El efecto central de la ley 35120 que se empieza aplicar es que el actual Consejo Directivo de la SUNEDU debe concluir sus funciones para dar paso a una nueva composición con representantes de las universidades nacionales y privadas y un conjunto más plural de directivos. De este modo, llega su fin la SUNEDU conformada bajo la influencia del gobierno de Martín Vizcarra que dejó a esta entidad en manos de integrantes del partido Morado.