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La sospechosa conciliación en Cusco

El abogado Heraclio Cereceda advirtió una curiosa reunión convocada por el Procurador del Ministerio de Cultura en la ciudad imperial

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El Presidente de la Comisión de Juristas contra la Corrupción y por la defensa Social, el reconocido hombre de leyes Heraclio Cereceda desde Cusco, denuncia un supuesto acto de corrupción perpetrado por el procurador público del ministerio de Cultura,  quien mediante el Centro de Conciliación del Ministerio de justicia / Alegra/Cusco, invitó a las funcionarias del Ministerio de Cultura – Cusco, Teresa Milagros Campos Chong y Jackeleen Jessica Beltrán Gonzales  a una audiencia de conciliación presencial el día lunes 13 de diciembre de este año, a las 10 de la mañana, en el local de dicho centro de conciliación, en la ciudad de Cusco.

Indicando Cereceda que este tipo de actuar de parte del Procurador del Ministerio de Cultura, no es correcto, porque la función de este alto funcionario es defender los intereses del Estado y no de particulares, que según dicha invitación de conciliación  el procurador buscara conciliar con las funcionarias del Ministerio de Cultura – Cusco, Teresa Milagros Campos Chon y Jackeleen Jessica Beltrán Gonzales quienes adeudan la suma de S/ 87 mil 500 soles al Ministerio de Cultura por daños y perjuicios más los intereses legales, confundiendo este funcionario su función como lo demuestra claramente la invitación a conciliación.

Así mismo, Cereceda manifiesta que el actuar de dicho procurador es lesivo a la lucha contra la corrupción pues el debería proceder con la denuncia penal por delito de peculado, así como de solicitar la apertura de un proceso administrativo sancionador en contra de dichas funcionarias.

Al preguntarle al Presidente de la Comisión de Juristas contra la Corrupción, sobre ¿cuál sería el motivo de este actuar de parte del procurador del Ministerio de Cultura? Mostrando su molestia señaló que con esta invitación a conciliación el referido procurador estaría favoreciendo y librándolas de responsabilidades administrativas y penales a dichas funcionarias, parcializándose a favor de ellas, olvidando su principal función la cual es la defensa de los interés del Ministerio de Cultura, es evidente que dicho proceder se enmarcaría como un acto de corrupción. 

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