Opinión
¿La sociedad de minería y su títere de palacio buscan criminalizar la protesta minera?
Buscarían crear las condiciones para generar caos y violencia con elementos infiltrados y así justificar la captura de sus principales dirigentes y asesores para descabezar a la CONFEMIN.
Por Jorge Paredes Terry
En los últimos años, los gobiernos de turno han perfeccionado un método represivo para neutralizar las demandas sociales: la criminalización de la protesta. Bajo el pretexto de mantener el «orden público», se estigmatiza a los movimientos sociales, se infiltran agentes provocadores, y se judicializa a los dirigentes legítimos.
Hoy, este riesgo acecha a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (CONFEMIN) quienes se encuentran en una movilización pacífica frente al Congreso de la República.
El pretexto: un informe policial sospechoso.
Según el Memo 012-2025 de la Dirección de Seguridad del Estado, se alerta sobre una supuesta «toma violenta» del Congreso por parte de los mineros artesanales, argumentando que habría «infiltrados» para generar caos. Este lenguaje es clásico en los manuales de criminalización: se sataniza la protesta antes de que ocurra, justificando una represión desmedida.
Lo grave es que, tras este operativo, podrían estar las grandes compañías mineras y consultoras de seguridad internacional, interesadas en debilitar a los pequeños mineros para imponer sus proyectos extractivos sin resistencia.
El objetivo: descabezar el movimiento.
El verdadero peligro no es solo la represión en las calles, sino la detención selectiva de dirigentes y asesores, acusándolos de sedición, disturbios o terrorismo. Así se busca quebrar la organización, sembrar miedo y desarticular la lucha.
Llamado a la prudencia y la resistencia legal.
Frente a esto, los mineros deben:
1. Mantener la protesta pacífica, sin caer en provocaciones.
2. Documentar todo acto represivo (grabaciones, testimonios).
3. Exigir veeduría internacional para evitar abusos.
4. Preparar defensa legal anticipada, ante posibles detenciones arbitrarias.
El pueblo no olvida. Si el gobierno insiste en reprimir en lugar de dialogar, quedará claro quiénes defienden al pueblo y quiénes protegen los intereses de las grandes mineras.
Que la lucha no se apague con la cárcel, sino que crezca con la verdad!