La paz social es el bienestar de la sociedad por medio del Estado organizado, desarrollando avances, objetivos y metas para la prosperidad de estado y progreso humano. El jurista Hans Kelsen expresa sobre la paz social y el estado de derecho: “La paz es una situación que se caracteriza por la ausencia de la fuerza. Dentro de una sociedad organizada, sin embargo, la ausencia absoluta de fuerza no es posible. El empleo de la fuerza en las relaciones entre los individuos se evita reservándolo para la comunidad”.
La búsqueda de la paz en el mundo es un factor determinante para el desarrollo de todas las sociedades. Es así como define San Juan Pablo II: “La paz es obra de la justicia, por ello es necesario mejorar la calidad de vida, pues la paz y la justicia caminan juntas y juntas deben ser promovidas”.
La sociedad en Paz estimula la confianza y desarrollo de una nación, promoviendo el desarrollo progresivo que persigue todo pueblo respetando sus deberes y derechos para hacer un estado sostenible que supera sus adversidades por medio de la paz y no de la fuerza. Para garantizar la paz, el orden social no excluye un acto coercitivo: autoriza a los individuos para que realicen un acto determinado según decisión pública. Entonces, el empleo de la fuerza prohibido en general como una transgresión, es permitido en casos excepcionales como una reacción contra la transgresión, es decir, como una sanción.
Kelsen justifica el empleo de la fuerza entre los hombres, cuando el Estado constituido en favor del orden social autoriza a los individuos realizar actos coercitivos. El individuo por medio del cual la comunidad actúa es competente para realizar un acto coercitivo como sanción dirigida contra el violador del orden, el transgresor.
El orden social hace así del uso de la fuerza un monopolio de la comunidad y al obrar de ese modo pacífico las mutuas relaciones de sus miembros. La sanción o castigo como acto terminal del proceso penal, reviste la conclusión de la ceremonia del lenguaje en la que supuestamente ha consumado la ruptura con la venganza, y la violencia ha cedido a la palabra.
Al respecto, en el artículo “La paz social” (https://tinyurl.com/yzyb3rdb) del sacerdote José Ignacio Ferro Terrén se señala sobre la paz social y el estado de derecho: “En la vida comunitaria para que se dé la paz social se requieren tres recaudos: El primero es que la sociedad procure vivir pacíficamente. El segundo es que la sociedad, unida por el vínculo de la paz, sea dirigida a obrar el bien. En tercer lugar, es menester que, por la diligencia del dirigente, haya suficiente cantidad de lo necesario para vivir rectamente”.
En el Perú contamos con la Alianza por la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que mediante la declaración “Por el Derecho a la vida y la paz social en el Perú”, expresa nuestra profunda preocupación por la situación de violencia que vive el país, provocando el incremento de las afectaciones a la vida y la salud, entre los que se identifican a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que debieron ser protegidos por el Estado y la propia comunidad.
En el texto también se lamenta que esta situación haya cobrado la vida de veintiocho personas en la región Puno, entre ellos, una adolescente de diecisiete años y un bebé recién nacido, por falta de acceso a los servicios de salud, además de un alto número de jóvenes que se encontraban heridos de gravedad.
Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en materia de paz social y prevención de conflictos: “(La Defensoría) en materia de conflictos despliega sus facultades de defensa y supervisión para prevenir e intermediar con el fin de evitar situaciones que puedan amenazar o violar los derechos fundamentales, afectar a la gobernabilidad local, regional o nacional y abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a su solución”. (https://tinyurl.com/3bfy9nxw)
Por tanto, el Estado peruano es responsable del desafío de recuperar la paz social en las diversas regiones del país en donde el derecho a la protesta es perturbado por la acción violenta.