La protección del Patrimonio Cultural de la Nación es un hecho cada vez más imposible de resguardarse convenientemente desde el Estado. Esto es comprensible, aunque sancionable, dado que el actual gobierno no tiene ninguna idea o plataforma para desarrollar este país, lo que trae como lógico correlato que en términos de una política cultural seria y rigurosa, columna capital para lograr los fines que el desarrollo nacional requiere, su aporte sea absolutamente nulo.
El reporte de Lima Gris acerca del “arrasamiento” del Monumento Arqueológico Pando 540 nos demuestra los excesos típicos de aquellos que creen estar sobre el poder o que hacen uso del mismo sólo para atender a sus deseos más personales sin importarles los derechos de la colectividad.
Lo más preocupante es el modo en que se ve involucrado una casa editora como El Comercio, aunque si evaluamos la historia de este antiguo medio de prensa obtendríamos conclusiones nada halagüeñas para sus conformantes, toda vez que ha jugado casi toda la vida contra los intereses de las grandes mayorías de peruanos.
Pero no hagamos una lección de critica histórica, todavía, sino formulemos una pregunta esencial a fin de esclarecer este entuerto: ¿Cuál es el procedimiento para que un monumento arqueológico declarado Patrimonio Cultural de la Nación deje de serlo?
Obviamente, este proceso debe ser rigurosamente evaluado y expuesto con todos los fundamentos que sean adecuados para no presumir que se ha llevado a cabo un acto contrario al bienestar de la memoria histórica nacional y tras evaluar los documentos ofrecidos en la investigación de Cavello, observamos que la declaración de Patrimonio Cultural de la Nación del Monumento Arqueológico Pando 540 contó con fundamentos suficientes para el grado; en cambio, su posterior denegatoria o eliminación es más que deficiente.
Por ello, nos sorprende el turbio modo en que los considerandos de la Resolución Directoral Nacional N° 1591/INC del 23 de octubre de 2009 fueron desestimados de plano y sin mayores detalles por un CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos) mediante el Informe N.º 2011-336/MC del Ministerio de Cultura durante el mandato de Susana Baca. En este punto, cabe preguntarnos ¿cómo es que se eliminó o se desestimó el hallazgo de los restos que habían motivado la primera resolución? ¿acaso hubo alguna sustracción delictiva o extraterrestre? Vamos. Todos estos hechos tienen nombres muy claros, pero evitemos las definiciones por el momento.
Otro factor preocupante es que el único beneficiado con estas resoluciones fue el grupo editorial El Comercio, propietario del terreno. Así, con el pésimo precedente de la gestión de Baca, aquel tuvo los arrestos para solicitar, el 20 de marzo de 2017, el retiro de la condición de Patrimonio Cultural de la zona arqueológica ubicada en el predio y tan pronto como el 14 de junio de 2017, se realizó la cancelación de la carga cultural del Monumento Arqueológico Pando 540.
Entonces, como cualquier persona moderadamente despierta, nos preguntamos ¿qué fin tuvo la riqueza cultural que motivó a Cecilia Bákula a registrar este Monumento Arqueológico Pando 540 al grado de Patrimonio Cultural de la Nación durante el periodo en que fue directora del Instituto Nacional de Cultura?
Urgen respuestas y el ministro S. del Solar deberá proporcionarlas lo antes posible y, también, deberá hacerse cargo de resolver estos inciertos manejos de sus subordinados, así como de hallar una respuesta contundente al problema que representan los CIRAs y la impunidad de las empresas y de todos aquellos que destruyen restos arqueológicos a fin de servirse de la total extensión de los terrenos que habitan o del tráfico de restos arqueológicos, según corresponda. Y, también, el patrimonio histórico inmobiliario de la nación, casonas edificios y bienes inmuebles históricos, afectados, por ejemplo, por la Ley N.°30230 o el DL 1293 que exonera del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos a los mineros en proceso de formalización.
Existen motivos más que bien fundados para realizar una investigación al respecto y para asumir una conducta indebida de todos los involucrados. Que velen por ello las autoridades encargadas de tales funciones, si hallan la debida independencia y el buen criterio de servir a la ciudadanía antes que a los grandes intereses de aquellos que regentan el poder.
Nosotros, en tanto ciudadanos lúcidos, consideramos que todos estos problemas son una afrenta a la memoria de nuestra nación y, obviamente, no podemos consentir tales atropellos con los brazos cruzados ni bajo ninguna otra forma de expectación silente, sino que debemos enrostrar su responsabilidad a los causantes y no dejar de criticar, forma fundamental del ejercicio del pensamiento en una realidad distorsionada y complaciente con la impunidad como la del Perú actual. Así lo hacemos, así seguiremos haciéndolo.
