La Minería Ancestral en el Perú: El Legado Milenario de Pataz y la Lucha por la Soberanía de Nuestros Recursos

Por: Jorge Paredes Terry

Desde tiempos inmemoriales, el Perú ha sido una tierra bendecida por la abundancia de sus minerales. La historia de la minería en nuestro territorio se remonta a civilizaciones preincaicas que dominaron el arte de extraer y trabajar metales como el oro y la plata, no solo como símbolos de poder, sino como elementos sagrados vinculados a sus deidades y cosmovisión. Entre las zonas más emblemáticas de esta tradición minera se encuentra Pataz, una provincia de La Libertad que ha sido tributaria de metales preciosos mucho antes de la llegada de los españoles y que hoy sigue siendo un bastión de resistencia frente a la explotación foránea.

Los antiguos peruanos no solo extraían minerales, sino que los integraban a su cultura. Las evidencias arqueológicas demuestran que el oro y la plata de Pataz adornaron los templos Moche y Chimú, civilizaciones que dominaron el norte del Perú entre los siglos II y XV d.C. Para estos pueblos, los metales no eran simples objetos de comercio, sino elementos rituales que conectaban el mundo terrenal con el divino.

Cuando el Imperio Inca expandió su dominio hacia el norte, Pataz ya era reconocido como una fuente importante de metales. De hecho, parte del oro que se utilizó para el rescate de Atahualpa (el famoso «Cuarto del Rescate») provenía de estas tierras. Sin embargo, la ambición española no solo saqueó estos tesoros, sino que impuso un sistema de explotación que, aunque brutal, no logró extinguir el conocimiento ancestral de los pueblos mineros.

Durante la Colonia, las minas de Pataz siguieron siendo explotadas, pero fue en la gesta independentista donde su pueblo demostró su compromiso con la libertad. Quintales de oro y plata fueron donados por los patacinos para financiar la lucha emancipadora, un aporte que el propio Libertador José de San Martín reconoció con una carta de agradecimiento. Este gesto no fue casual: era la reafirmación de un pueblo que, a pesar de siglos de opresión, seguía defendiendo lo suyo.

A lo largo de los siglos XIX y XX, la tradición minera de Pataz continuó ininterrumpidamente. Los habitantes de Pataz, siguieron trabajando arduamente en sus minas, especialmente en las zonas de Buldibuyo (La Paccha), Parcoy y el distrito de Pataz. El oro extraído, en gran medida, se vendía al Banco Minero del Perú, una institución de propiedad estatal que, en teoría, debía regular y controlar la actividad minera en beneficio del país. Durante este periodo, Pataz experimentó un desarrollo integral, relativamente alineado con los objetivos del desarrollo minero nacional. Se observaba una sinergia entre la actividad minera y el crecimiento de la comunidad, con inversiones en infraestructura, educación y servicios básicos.

Sin embargo, este progreso se vio truncado con la llegada de las nuevas compañías mineras a partir de la segunda mitad del siglo XX. Estas empresas, en muchos casos, implementaron prácticas extractivas que priorizaron la maximización de beneficios a corto plazo, descuidando el impacto ambiental y social en la comunidad. La corrupción, tanto dentro de las propias compañías como en las instancias gubernamentales encargadas de su regulación, exacerbó la problemática. La falta de transparencia y la ausencia de mecanismos de control efectivo permitieron que las prácticas nocivas se extendieran, generando un impacto devastador en la región. Pataz, que alguna vez floreció gracias a su actividad minera, experimentó una paralización de su desarrollo integral.

Las nuevas compañías mineras, a diferencia de los modelos anteriores, mostraron una preocupante indiferencia hacia el bienestar de la población local. La salud, la educación y el turismo, fueron totalmente olvidados y relegados a un segundo plano. La prioridad absoluta se centró en la generación de riqueza para los accionistas, dejando a la población de Pataz en una situación de abandono y marginación. La falta de inversión en infraestructura, servicios básicos y programas sociales contribuyó a la profundización de la desigualdad y la pobreza, dejando un legado de frustración y resentimiento en una región que, históricamente, ha contribuido significativamente a la riqueza del Perú. El REINFO vino a darle un respiro a las familias patacinas, ahora sí podían disfrutar de su riqueza, generar trabajo y bienestar a su comunidad, pero nuevamente las malas prácticas mineras de la gran oligarquía que siempre buscó el lucro fácil, subcontrató y arrendó sus concesiones, generando desorden y anarquía. Sin gastos operativos reales e inversión en capital de trabajo, esperaban que los operadores lleguen con camiones llenos a sus plantas, y todos felices. La situación se desborda cuando no pueden controlar a sus operadores y algunos de ellos entran en rebeldía, lo demás es historia conocida.

No contentos con ello hoy militarizan Pataz, La Poderosa ya cumplió su sueño, contar con un cuartel del ejército y miles de policías para su seguridad individual, de esta manera pretenden adueñarse de los recursos de toda la provincia, limpiar el territorio que por derecho histórico pertenece a las comunidades y al pueblo patacino, todo con el aval de un gobierno corrupto hasta la médula y un sistema político plagado de delincuentes de saco y corbata.

Pero Pataz, como otros pueblos mineros ancestrales, resiste. Sus pobladores saben que el oro y la plata no son solo commodities para enriquecer a unos pocos, sino parte de su identidad. La defensa de estos recursos es un deber patriótico, porque no se puede permitir que la riqueza que financió templos, rescató a un Inca y liberó a una nación, sea hoy robada por intereses foráneos.

Hoy, más que nunca, es imperativo reconocer y valorar el legado ancestral de la minería en el Perú, especialmente en regiones como Pataz. Este legado no es solo una fuente de riqueza material, sino también un componente fundamental de nuestra identidad nacional. Es crucial defender este patrimonio contra la explotación indiscriminada y la apropiación indebida por parte de intereses externos. La riqueza minera del Perú debe beneficiar a todos los peruanos, y no solo a una élite privilegiada. La defensa de nuestros recursos naturales es una responsabilidad colectiva, una tarea que debemos asumir con firmeza para asegurar un futuro próspero y justo para las generaciones futuras. El oro de Pataz, y el de todo el Perú, pertenece a todos los peruanos. Su protección es una obligación moral y un acto de justicia histórica.

Como peruanos, debemos sentirnos orgullosos de esta historia y exigir que los beneficios de la minería sean para el pueblo, no solo para las transnacionales y la gran oligarquía limeña. Pataz es un símbolo de resistencia y aporte a la grandeza del Perú, y su ejemplo debe inspirarnos a defender nuestra soberanía sobre los recursos naturales.