La incoherencia de la Cancillería: Entre el complot contra Fortunato Quesada y la JNJ

Por Rafael Romero

En este momento la Cancillería del Perú está bajo la atenta mirada de propios y extraños, bajo la atención de la opinión pública nacional e internacional. Pero, ¿acaso no es el momento propicio para que la diplomacia peruana empiece a revelar verdades, sincerar sanciones y encontrar responsables, tanto a los de ayer como los de hoy?

La ministra Ana Cecilia Gervasi debería asumir el activo y el pasivo de su portafolio de una vez por todas, en especial con el objetivo de lograr que la transparencia y la integridad sean las mejores fortalezas de Torre Tagle, institución que ha convocado al representante de la ONU en nuestro país, en puridad al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Igor Garafulic, para expresarle la «extrañeza del Gobierno peruano» luego del pronunciamiento que emitieron en favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras una moción aprobada por el Parlamento, que busca investigar a los miembros de la referida Junta y removerlos por faltas graves.

Sin embargo, tanto o más importante que ello fue el “Caso Fortunato Quesada”, tema en el cual la Cancillería y el Congreso de la República tendrían que ser más coherentes por la siguiente historia que expondremos en los siguientes párrafos, porque nunca será tarde para recordarle al Estado, en este caso al Ministerio de Relaciones Exteriores, que la ética en la función pública y el respeto a la dignidad humana son la razón de ser de una sociedad civilizada.

El affaire Fortunato Quesada, silenciado de alguna manera por un cogollo burocrático y de mucho poder dentro de Torre Tagle, tuvo que ver con un complot contra un distinguido diplomático de carrera, y con brillante servicio a la nación, quien, desempeñándose de embajador del Perú en Israel, fue víctima en sus derechos laborales a partir de un complot o una trampa tendida por funcionarios de igual, mayor o menor jerarquía que él, lo que demuestra el grado de concertación y perversidad, premeditación, alevosía y ventaja de dichos servidores de Torre Tagle.

Hace cinco años, el domingo 17 de junio del 2018, fue deplorable que un medio de comunicación (Panamericana TV – Programa Panorama) se prestara a difundir audios editados y descontextualizados con el objetivo de incriminar y someter a proceso administrativo al embajador Fortunato Quesada. Pero el tiempo ha revelado la verdad detrás del ataque y de la injusta destitución de este embajador de carrera.

El canciller de entonces, Óscar Maúrtua, pudo haber hecho más para exigir de inmediato las investigaciones sobre los que resultaron involucrados, como son los embajadores Néstor Popolizio (Canciller de Vizcarra), Hugo de Zela, José Boza y el ministro consejero Pedro Rubín, todos protagonistas de una emboscada contra la persona de Fortunato Quesada, a quien se le debió restituir en su puesto de trabajo, pero la tramitología y el burocratismo no solo se lo impidieron, sino que fue destituido ilegalmente.

Pero las investigaciones han confirmado que hubo una mezcla intencional de audios, realizada por el ministro consejero Pedro Rubín, y que este habría incitado a los empleados de la embajada del Perú en Israel para tenderle una trampa al diplomático Quesada, tal como se documenta en el informe de la Comisión de Disciplina N° 006/2020, que incluyó las declaraciones del propio Rubín, quien estuvo en contacto con los embajadores Néstor Popolizio, Hugo de Zela y José Boza.

Es más, Pedro Rubín confesó que siguió instrucciones de embajadores y de altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, obviamente Boza, De Zela y Popolizio, para hacer lo que hizo. La historia está documentada, pero en el tiempo hay más aristas y ángulos que deben ser consultados a la actual canciller Ana Cecilia Gervasi, para dar una mirada reflexiva sobre el tema, o al secretario general Elmer Schialer Salcedo, y con mayor razón a la jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, María Teresa Merino Villarán de Hart.

Esto, para saber qué remedios o medidas preventivas se han adoptado en la Cancillería a fin de que no se repitan incidentes tan bochornosos como el del complot del año 2018, que se gestó en Lima y llegó al Estado de Israel. Esas consultas son legítimas para la prensa y en la medida de lo posible sirven para conocer que hace la administración para que esos complots se proscriban por siempre; y si ocurriera nuevamente, se sancione drásticamente a los responsables pues hasta ahora el mundo está al revés, mientras al inocente se le destituye, a los verdaderos culpables sencillamente se les trata con pétalos de rosa.

Igualmente, se espera que den la cara, en su calidad de funcionarios, por ejemplo, el exministro de RR.EE., Néstor Popilizio Bardales, el embajador José Manuel Boza Orozco (suspendido por nueve meses por propiciar una grabación contra su colega Fortunato Quesada), el otro embajador de apellido De Zela y el ministro consejero Pedro Rubín (sancionado con seis meses por ser parte del complot de dicha grabación).

En algún momento, en declaraciones tomadas por el diario La República, determinaron que José Boza señaló que la única instrucción que dio a Rubín, cuando este envió las grabaciones, fue aquella que le comentó el entonces canciller Néstor Popolizio, en el sentido que la denuncia de los audios editados y descontextualizados debía presentarse por vía formal; pero también le dijo que, si no iba a seguir ese canal formal, la otra opción sería utilizar a la prensa (programa Panorama de Panamericana Televisión).

Hoy por hoy, todo eso es demasiado grave y un mal ejemplo no solo dentro de la Cancillería sino para toda la administración pública del Perú.

Ahora bien, más allá que el caso esté en el Poder Judicial, aparece la figura legal de la revocación (Ley del Procedimiento Administrativo N° General N° 27444), evidenciando que existe la justicia institucional para proscribir esos complots, que en el Caso Fortunato Quesada hay una serie de pruebas irrefutables, obtenidas por la propia Cancillería, que demostraron que era inocente, aunque todavía haya impunidad para determinadas vacas sagradas de la diplomacia peruana que hasta el presente no han recibido sanción alguna.