Escribe Carlos Vargas
Las maestras y maestros del Perú están emprendiendo una enorme lucha por sus legítimas y postergadas demandas. Hace dos meses los docentes del Cusco iniciaron las paralizaciones, sumándose un mes después las demás regiones del país. El gobierno de PPK está combinando la represión con la trampa del diálogo infructuoso, mientras los dirigentes reformistas del sindicato traicionan a las bases de forma descarada o velada.
Las demandas de los maestros son absolutamente legítimas. El costo de vida viene subiendo de forma galopante, reduciendo sus salarios reales, por esta razón el aumento “adelantado” para diciembre solo podría compensar esta alza, en absoluto se trata de un aumento real, la exigencia de un mínimo de 4000 soles para un oficio profesional como la docencia es una demanda elemental para cubrir necesidades básicas, de ninguna manera hace justicia a trabajadores de la educación que se encuentran bajo la esclavitud asalariada impuesta por el sistema capitalista. Peor aún, el Estado tiene una deuda con los maestros por varios derechos y beneficios económicos no pagados hasta ahora. El gobierno patronal del banquero PPK rechaza estas exigencias, simplemente porque su prioridad es el pago de la deuda externa y las ganancias parasitarias de las grandes mineras, imponiendo la represión policial y la persecución política fujimorista.
Maestras que no solo trabajan en el aula, sino también preparando sus clases y muchas de ellas realizando labores domésticas, no pueden sentir más que indignación cuando ven como un policía gana el doble por cumplir la tarea de reprimir sus marchas o matar campesinos en Bagua. Los maestros se indignan cuando toman nota que Keiko Fujimori estudió con dinero robado al Estado, nunca trabajó en su vida y ahora vive de los fondos de su partido mafioso.
Sin embargo, estos privilegios palidecen frente a los que poseen las familias de la gran burguesía peruana y peor aún de las transnacionales. Por ejemplo, los dueños de la empresa agroindustrial Camposol les roban a sus trabajadores mensualmente, unos cinco millones de dólares, bajo la forma de ganancia neta. Es decir, un puñado de familias ganan, sin trabajar, diez mil veces más de lo que gana un maestro por educar a sus empleados. Este es el verdadero parasitismo que oculta la prensa burguesa y todos los partidos del capital, incluyendo, por supuesto, a los farsantes del Frente Amplio, ahora divididos por miserables cálculos electorales.
Los maestros están demandando, también, la derogatoria de leyes que privatizan la educación básica[i] y liquidan sus derechos elementales a la estabilidad laboral, la sindicalización y la libertad de expresión. Ya son miles los docentes despedidos por evaluaciones mal elaboradas y controladas por autoridades educativas corruptas. De esta forma las condiciones laborales de los docentes públicos nombrados se han acercado a la de sus olvidados colegas contratados y de colegios privados, donde se impone la inestabilidad absoluta y sueldos inferiores. Sobre esto, los dirigentes maoístas de las tres facciones del SUTEP guardan silencio, porque a pesar de las diferencias superficiales, todos están en contra de la unidad del magisterio al interior y fuera de los centros educativos. Por ejemplo, no se coordina de forma efectiva la unidad con los médicos y profesionales de la salud que también están en huelga, ni tampoco con el conjunto de trabajadores estatales, oprimidos bajo leyes prodespido similares. La unidad con el conjunto de explotados del campo y la ciudad es fundamental, porque finalmente son sus hijos los que sufren la crisis de la educación pública.
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[i] Que sufre de la falta de presupuesto y el colapso de su infraestructura. Prueba de esto fue el ridículo que hizo la ministra de Educación Martens cuando pretendió boicotear la huelga, dando clases virtuales en la sala de cómputo de un colegio del Cusco. La clase se tuvo que hacer en una cabina pública, porque el colegio no contaba con internet. <http://larepublica.pe/politica/1068773-martens-regiones-deben-despedir-a-docentes-con-5-faltas>
