Vientos de borrasca en el cine latinoamericano. Coincidente con la aplicación de recetas económicas neoliberales, ascenso de grupos intolerantes y medidas represivas en la región, hay un notorio estancamiento, cuando no regresión, en las políticas culturales en el campo cinematográfico en diversos países. Ello se traduce en disminución de los estímulos económicos, abandono de los sistemas de acceso de las películas al público (cuota de pantalla, mínimo de mantenimiento) y creciente manifestaciones censoras, con la amenaza latente de echar abajo las leyes vigentes de apoyo a sus cinematografías, que le dieron amplia visibilidad al cine latinoamericano en los últimos años.
Toda esta ofensiva contra el cine latinoamericano no logra consolidarse por las denuncias y resistencia de los cineastas y sectores de la cultura. Los gremios de trabajadores y artistas de cine en cada país tienen un activo rol de oposición y defensa de sus espacios y necesidades, no prestándose al juego de las autoridades gubernamentales por dividirlos entre cineastas supuestamente independientes versus comerciales, que es siempre el primer paso para después argumentar que no debiera haber ningún tipo de ayuda o control con la clásica leyenda del “libre mercado”, que ya sabemos que es solamente para los más poderosos.
Al lado de estos temas preocupantes, que ponen riesgo la continuidad de los programas de integración regionales como Ibermedia, lo que viene sucediendo con el cine peruano en el escabroso proceso por conseguir una nueva Ley de cinematografía en el Congreso (pendiente de segunda votación), parece una anécdota menor. Y no porque no sea importante y necesaria la ampliación del presupuesto actual, pero como podemos ver en los países vecinos, ello no garantiza nada más allá del corto plazo mientras se siga dependiendo del erario público y la voluntad gubernamental. La posibilidad de donar dinero para invertirse en producciones y deducir el gasto de hasta 10% del impuesto a la renta es también significativo, aunque parece pensado, como en otros lados, solo en proyectos que puedan garantizar retorno económico, ergo que se apoyen en formulas probadamente comerciales.
Pero a cambio de esto, como se ha señalado en diversos comentarios, se renuncia a toda posibilidad para cautelar que las películas peruanas lleguen a las salas nacionales, que es su mercado natural; se reducen los derechos de los artistas y trabajadores cinematográficos peruanos, y se deja nuevamente de lado el rescate y preservación de nuestra memoria audiovisual con la anhelada Cinemateca Nacional, el desarrollo de acciones para la formación de público desde la escuela, el impulso al cine cultural y el poder contar en un futuro próximo con una Escuela pública para nuevos cineastas.
En esta semana se inaugura la vigésima tercera edición del Festival de Cine de Lima que organiza la PUCP, que de alguna manera se ha institucionalizado como el más importante en el país (el año pasado fue inaugurado por el presidente Martín Vizcarra). Y este año se inicia con un documental sobre el poeta Javier Heraud y en la programación se anuncia la exhibición de documentales sobre la Reforma Agraria de Velasco, la trayectoria política de Hugo Blanco y la lucha de Máxima Acuña contra la mina Yanacocha en Cajamarca, así como ficciones con temática LGTBI. Se incluye además homenajes y retrospectivas del grupo peruano Chaski, la realizadora francesa Claire Denis y del cineasta boliviano Jorge Sanjinés, entre otros. ¿Se imaginan que contradictorio sería promover todo ello en un país que consagre legalmente la censura en su cine?