La guerra de dos mundos

En un Estado de derecho, el fiscal de la Nación no es una figura decorativa ni un operador político. Su papel esencial es defender el ‘principio de legalidad’, que significa actuar con estricta sujeción a la ley, investigar con independencia, sin favorecer ni perseguir a nadie por intereses personales o ideológicos. Sin embargo, en el Perú contemporáneo, la más alta autoridad del Ministerio Público ha dejado de representar esa función republicana para convertirse en ficha de poder dentro de una guerra abierta entre facciones políticas. Hoy, Delia Espinoza Valenzuela y Patricia Benavides Vargas, lejos de honrar sus cargos, encarnan una pugna vergonzosa que pone en jaque la legitimidad de la institución que deberían proteger.

Desde hace unas horas, la Fiscalía de la Nación parece una escena de ‘teatro absurdo’. Delia Espinoza permanece atrincherada en su despacho, haciendo vigilias simbólicas con velas para demostrar que no cederá el cargo. Mientras tanto, Patricia Benavides, tras una resolución de reposición emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), intentó reinstalarse por la fuerza con respaldo policial y con una carta intimidante dirigida a Espinoza, exigiéndole que se abstenga de firmar resoluciones.

Ninguna cede, ninguna retrocede. El Ministerio Público ha quedado como rehén de una guerra personal disfrazada de debate institucional. La pregunta de fondo no es quién debe ocupar el cargo, sino si ¿alguna de estas fiscales está verdaderamente interesada en defender la legalidad por encima de su ambición?

Patricia Benavides: la fiscal del sector conservador

Patricia Benavides Vargas, destituida en mayo de 2024 por la JNJ, representa una de las etapas más oscuras del Ministerio Público en la última década. Llegó al cargo envuelta en polémicas académicas —no se han hallado sus tesis de maestría y doctorado— y salió con acusaciones graves por presunto tráfico de influencias, abuso de poder, obstrucción de justicia y uso político del aparato fiscal.

Uno de los casos más evidentes fue su interferencia directa en la investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides Vargas, acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos. La fiscal Bersabeth Revilla, a cargo del caso, fue retirada por Patricia Benavides de forma arbitraria, lo cual fue considerado una falta muy grave por la JNJ. La historia se repitió con el fiscal Luis Felipe Zapata, apartado por investigar a otro fiscal (Miguel Vegas Vaccaro) afín a Benavides. Según se comprobó, los informes usados para justificar estas remociones estaban plagados de datos falsos. En otras palabras, usó su poder para proteger intereses personales y castigar la independencia.

Las revelaciones del exasesor Jaime Villanueva —hoy colaborador eficaz— son aún más alarmantes. Villanueva reveló que su exjefa Benavides se reunió en al menos cinco ocasiones con la presidenta Dina Boluarte entre 2022 y 2023. En esas reuniones, se habrían negociado favores judiciales a cambio de respaldo político. Por ejemplo, cuando Boluarte Zegarra en su condición de titular del Midis era investigada por lavado de activos en el caso «Los Dinámicos del Centro», Villanueva coordinó con el fiscal Rafael Vela para evitar que se pidiera prisión preventiva contra la chalhuanquina. ¿Cuál fue el resultado? Dina Boluarte ascendió sin obstáculos a la presidencia de la República tras la caída de Pedro Castillo.

Las relaciones entre Benavides Vargas y la mandataria Boluarte Zegarra continuaron, incluso después de las muertes durante las protestas en Juliaca. Patricia Benavides buscó frenar la destitución del general Raúl Alfaro —quien se negó a detener a Castillo durante el intento de golpe— y negoció presuntos archivos de investigaciones a cambio de nombramientos de confianza en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) y el Fondo de Vivienda Policial (FOVIPOL), según los testimonios del propio Villanueva.

Pese a este historial, Patricia Benavides ha recibido el respaldo explícito de sectores conservadores y del aprismo. Rafael López Aliaga, aún alcalde de Lima que pronto abandonará la comuna metropolitana, la condecoró por su enfrentamiento contra Pedro Castillo, presentándola como heroína democrática. Pero más allá de las narrativas épicas, los hechos revelan una fiscal que no solo traicionó el ‘principio de legalidad’, sino que convirtió la Fiscalía de la Nación en su oficina de operaciones políticas.

Delia Espinoza: la fiscal del ala progresista

Delia Espinoza Valenzuela, actual fiscal de la Nación, no representa una solución institucional a la crisis, sino la otra cara de la misma moneda. Su nombramiento en octubre de 2024 fue visto por muchos como un intento de “limpiar la casa”, pero rápidamente quedó claro que también juega sus propias cartas políticas. Su cercanía con sectores autodenominados “caviares” o progresistas ha provocado desconfianza, y sus decisiones han levantado sospechas de que estaría usando su poder para proteger a sus aliados.

Una de sus primeras acciones como fiscal fue presentar demandas de inconstitucionalidad contra leyes que otorgaban mayores facultades a la Policía Nacional en las investigaciones preliminares. La justificación fue la defensa de la autonomía del Ministerio Público, pero varios congresistas lo interpretaron como una forma de deslegitimar la labor policial en medio de investigaciones sensibles.

Desde el Congreso —especialmente desde bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular— se ha acusado a Espinoza Valenzuela de encubrir a fiscales investigados, de proteger redes internas en el Ministerio Público, y de tomar decisiones que benefician al sector judicial progresista con el que se le vincula. Incluso desde el Ejecutivo, el ministro del Interior presentó una denuncia constitucional contra ella por presunto abuso de autoridad, alegando que desconoció normativas que otorgan a la Policía liderazgo en las primeras etapas de investigación.

Además, hay acusaciones de que su ascenso al cargo fue negociado dentro de una Junta de Fiscales Supremos fragmentada, donde habría ofrecido archivar investigaciones a cambio de votos favorables, lo que pone en entredicho la legitimidad de su nombramiento. Su imagen de fiscal «anticrisis» se ha ido diluyendo frente a un estilo de gestión defensivo, confrontacional y cada vez más politizado.

Dos mujeres, un camino de decadencia

Patricia Benavides y Delia Espinoza representan facciones opuestas del tablero político peruano. Una es la favorita de la derecha y el aprismo. La otra, de los sectores progresistas. Pero ambas coinciden en lo esencial; han hecho del Ministerio Público una trinchera personal y una herramienta de poder. La institucionalidad ha quedado en segundo plano, desplazada por una lógica de supervivencia política donde el ‘principio de legalidad’ solo se invoca cuando conviene.

En lugar de investigar con independencia, han usado sus cargos para blindar aliados, negociar favores y enfrentarse entre sí como si la Fiscalía fuera un botín. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas, no hay justicia imparcial.

El Perú necesita con urgencia una Fiscalía de la Nación que no responda a intereses personales ni políticos, sino al mandato constitucional de investigar y sancionar con independencia. Lo que hoy tenemos, en cambio, es una guerra vergonzosa entre dos fiscales que se disputan un cargo como si fuera una presidencia alterna del país. Esta batalla no solo erosiona la credibilidad del Ministerio Público, sino que degrada peligrosamente la fe ciudadana en el sistema de justicia. Mientras no se ponga fin a esta pugna y se restablezca el ‘principio de legalidad’, ninguna de las dos merece el sillón fiscal.