La fuga de Nadine Heredia: un salvoconducto manchado de corrupción

La sorpresiva salida del país de Nadine Heredia, ex primera dama de la Nación, ha desatado una tormenta política y judicial en el Perú. Según fuentes cercanas a la Cancillería, Heredia recibió un salvoconducto especial autorizado por la presidenta Dina Boluarte, permitiéndole abandonar el país con rumbo a Brasil, donde el gobierno de Lula da Silva le habría concedido asilo político.

Lo que agrava aún más esta situación es que Heredia no es una figura política cualquiera. La ex primera dama fue condenada a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos. Su esposo el expresidente Ollanta Humala, también fue condenado por delitos similares, ambos implicados en el uso irregular de fondos durante la campaña presidencial.

Todo apunta a que desde el Ejecutivo se coordinó su huida. El actual presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien fuera también ministro durante el gobierno de Humala, habría participado activamente en estas gestiones, permitiendo la emisión del salvoconducto en tiempo récord.

Este hecho ha generado severas críticas por parte de juristas y especialistas en derecho internacional. La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 establece de forma clara que no se puede conceder asilo político a personas condenadas por delitos comunes o procesadas por tribunales ordinarios competentes. Nadine Heredia, al haber sido sentenciada por la justicia peruana, no califica legalmente para recibir este beneficio. El gobierno de Lula da Silva, sin embargo, le otorgó el asilo, avivando las suspicacias sobre una red de protección política transnacional entre antiguos aliados de la izquierda latinoamericana.

Cabe resaltar que el propio presidente Lula fue condenado por corrupción y lavado de dinero en el escándalo de Lava Jato, aunque posteriormente fue liberado tras anularse sus sentencias por irregularidades procesales. Su cercanía política con Ollanta Humala y su esposa no es un secreto, lo que añade más sombras sobre las verdaderas motivaciones detrás de la aceptación del asilo.

El Perú, una vez más, presencia cómo el poder político interfiere en los procesos judiciales, debilitando la institucionalidad y la credibilidad del sistema democrático. Permitir que una persona condenada por corrupción eluda a la justicia con el amparo del gobierno y la complicidad de antiguos funcionarios es un precedente terrible. Sienta las bases para que otros procesados puedan recurrir a favores políticos para escapar de sus responsabilidades penales, erosionando aún más la ya frágil confianza ciudadana en el Estado de derecho.

El Congreso ha anunciado que citará a la presidenta Dina Boluarte y al premier Adrianzén para que rindan cuentas por este escandaloso hecho. El país exige respuestas, pero, sobre todo, justicia.