Política
La Fiscalía Anticorrupción investiga irregularidades en la reforma universitaria
La SUNEDU en la gestión de Martín Benavides, el delfín de Vizcarra, tomó decisiones ilegales para presuntamente favorecer a la cadena de universidades UTP de propiedad del Grupo Económico Intercorp. Una reforma que pensó en intereses económicos pero no en 180 mil estudiantes que se quedaron en la calle.
Durante la gestión de Martín Benavides se cerraron 48 universidades a un ritmo de una universidad cerrada cada 13 días. Pero, a la vez, hubo quien se benefició obteniendo licenciamientos sin tener locales construidos totalmente, sin laboratorios, sin bibliotecas y sin licencia de funcionamiento, es decir, pasando por alto los requisitos exigidos por la ley y que servían para cerrar universidades menos la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y sus siete filiales que fueron beneficiados por la relación de Martín Benavides y el ex presidente Vizcarra con el grupo económico Intercorp.
En su momento, la SUNEDU recibió aplausos por cerrar algunas universidades cuya existencia era muy cuestionable pero, a la vez, acompañó sus acciones con una estrategia de imagen que dio lugar a que los medios de comunicación hablen de “la gran Reforma Universitaria” pasando por alto irregularidades como no dar alternativas para los alumnos y favorecer a ciertos inversionistas.
Para lograr los cierres indiscriminados de universidades, la SUNEDU utilizó a personajes que fingieron ser expertos funcionarios capaces de estudiar en poquísimos días expedientes de 10 mil o 20 mil páginas, realizar inspecciones, absolver reclamos y luego cerrar universidades sin evaluar alternativas para la situación de los alumnos.
El caso más impresionante es el de Cristian Alberth Pacheco Castillo quien se desempeñó como Coordinador General Técnico de Licenciamiento en la SUNEDU, es decir, fue el jefe del equipo encargado de determinar a qué universidad se le daba el licenciamiento y cuál se clausuraba. Lo ilegal es que Pacheco no tenía título profesional. Era un empleado con un diploma de bachiller en Ingeniería de Sistemas —profesión ajena a la pedagogía— al que disfrazaron de experto en universidades, lo designaron como Coordinador General Técnico de Licenciamiento y con su firma se cerró el futuro universitario de más de 180 mil jóvenes.
Antes de referirnos a la investigación fiscal conviene conocer cómo actuaba Pacheco.
La SUNEDU favorece al poderoso Grupo Intercorp
Pacheco Castillo disfrazado de experto en universidades aprobó el informe favorable para dar licenciamiento a la sede central y siete filiales de la Universidad Tecnológica Privada (UTP). En su informe señaló que se habían visitado todas las sedes y que la UTP, perteneciente al poderoso Grupo Intercorp, contaba en todas sus filiales con infraestructura y equipamiento. Sin embargo, todo era falso. Las filiales estaban en proceso de construcción y no cumplían con los requisitos para ser licenciadas.
De acuerdo a ley, para obtener el Licenciamiento Institucional se debe cumplir con una exigencia obligatoria: que la sede principal y las filiales a nivel nacional tengan infraestructuras similares y el mismo nivel de equipamiento e implementación y estos requisitos deben ser verificados de manera presencial. Es decir, la SUNEDU debe constatar que la infraestructura esté completa, que estén instaladas las bibliotecas, equipados los laboratorios y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de una sede universitaria.
Por no cumplir con estos requisitos, muchas universidades perdieron su licenciamiento; sin embargo, la SUNEDU le alcanzó licenciamientos a la UTP por universidades inexistentes. Quienes han difundido elogios a la reforma universitaria no han querido tomar en cuenta el caso UTP y se han negado a investigar las razones del favorecimiento al Grupo Intercorp a pesar de las evidencias.
¿Qué pasó con Pacheco Castillo?
Luego de los informes favorables para la UTP, el bachiller Pacheco dejó el cargo de Coordinador General Técnico de Licenciamiento de la Sunedu y logró beneficios con ascensos en cargos de nombres pomposos. El 11 de octubre de 2019 fue designado como Director de la Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. Luego cuando su jefe Martín Benavides dejó de ser el mandamás de la SUNEDU y asumió el cargo de Ministro de Educación, Pacheco apareció en el MINEDU como Director General de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística.
Sin embargo, los ilícitos cometidos por el bachiller Cristian Pacheco Castillo que dieron lugar al cierre de 48 universidades sin evaluar la posibilidad de que algunas puedan ser restructuradas y seguir funcionando, no han pasado desapercibidos para la ley. Actualmente existe una investigación que conduce el fiscal Jhonny Fajardo Díaz en la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Carpeta Fiscal Nº 5060 15506-2020-134-0.
En esta instancia se viene investigando la presunta comisión de delitos de corrupción ocurridos en la SUNEDU como el que hemos señalado en el caso del bachiller Cristian Pacheco Castillo. Una sospecha es el cierre indiscriminado de casas de estudio para favorecer a inversionistas en el negocio de la educación como el Grupo Intercorp.
El actuar ilegal de la SUNEDU es que la Ley Universitaria no disponía el cierre de universidades. Ese mecanismo fue inventado por un reglamento creado por el ex jefe de la SUNEDU, Martín Benavides, y la evidencia de presunta corrupción es que se cerraron 46 universidades en apenas 20 meses. Esto significa que la evaluación de universidades fue un trámite falso por una razón: en esos 20 meses se cerraron 2.3 universidades por mes, es decir, cada 13 días la SUNEDU cerraba una universidad. Algo imposible porque se tenían que inspeccionar locales en Lima y en provincias, analizar miles de documentos, recibir y evaluar descargos, y preparar informes, una tarea imposible de hacer en solo 13 días para cerrar una universidad.
Lima Gris tuvo acceso a una fuente vinculada a la investigación fiscal y pudo verificar que existen declaraciones que señalan que los funcionarios de la SUNEDU no realizaron las visitas presenciales que la ley exige para determinar el estado real de las universidades que perdieron sus licencias y tampoco visitaron las sedes de universidades licenciadas como la UTP y la UPAL. En el caso de la UTP eran sedes inexistentes que recién se estaban construyendo y en cuanto a la UPAL la supuesta sede universitaria era el local de una ferretería.
Asimismo, existe en la carpeta fiscal una manifestación que señala que “la Universidad observada podía presentar información que le permita mejorar y eso se analiza en la etapa final del procedimiento de licenciamiento” pero que los informes que servían de insumo para la decisión final no se tomaban en cuenta.
Una estrategia publicitaria posicionó la idea de la “Gran Reforma Universitaria” y, curiosamente, muchos “líderes de opinión” difundieron en los medios de comunicación esta idea sin tomarse el afán de averiguar detalles y favorecimientos que demuestran que la SUNEDU tiene mucho por explicar.
