Por Umberto Jara
En estos tiempos la afición por el lugar común es impresionante. Alguien dice algo sugerente y todos repiten en coro. El primer ministro Otárola dijo “Plan Bukele” y todos hablan del Plan Bukele. Nadie se detiene a pensar que cada país tiene su propia realidad. Nayib Bukele combate a las salvajes pandillas salvadoreñas pero el asunto pandillas no es el problema central en el Perú.
La realidad peruana es mucho más grave porque no existen ni reglas ni autoridad ni instituciones. El Perú no es un país. ¿O vamos a olvidar que a la presidencia de la República puede llegar un analfabeto funcional apoyado por alfabetos con estudios que luego se hacen los disimulados?
El asunto de fondo es que llámese Plan Bukele o no, para frenar la violencia y restituir el orden se necesita un requisito imprescindible: imponer el principio de autoridad con un liderazgo nítido. Sin ese requisito, nada se puede lograr. Y allí empieza el gran problema peruano de hoy: no existe un gobierno. ¿Quién es el presidente? ¿Dina Boluarte o Alberto Otárola? ¿Toman decisiones de gobierno?¿Acaso tiene un rumbo el país?
El Plan Bukele atrae por una imagen potente: los delincuentes rapados puestos en prisión para frenar la ola de crímenes que convirtió a El Salvador en la “capital mundial de homicidios”.
Hagámonos esta pregunta, en el Perú ¿a quiénes debemos meter rapados en prisión para restituir el orden y frenar la violencia?
La primera respuesta será: a los criminales venezolanos que importaron el pérfido PPK y sus secuaces. Pero hay un problema: el gobierno no quiere empadronarlos y disponer su expulsión del país. Se puede, hay fondos, pero no se quiere tomar esa decisión. ¿Por qué? porque la señora que atendía trámites en una oficina distrital de Reniec y hoy vive en Palacio, tiene miedo y su co-gobernante está ocupado en convertir a la PCM en un centro de negocios.
Cuando se habla de Plan Bukele la imagen anhelada es ver a los delincuentes en prisión. Pues bien. En el Perú, para frenar la violencia ¿basta con meter en prisión a delincuentes sean extranjeros o nacionales? Seamos sinceros y hagamos las preguntas esenciales.
¿No deberían ir a prisión los jueces que liberan a los cómplices de Maldito Cris y una larga lista de delincuentes? ¿Los jueces, en todos los niveles, que destruyen las leyes y el debido proceso no deberían tener una mazmorra? ¿No debería ir a prisión la mafia de los fiscales que han convertido el lavado de activos en un gran negocio ilegal para extorsionar a quien les da la gana? ¿Presos no deberían estar los congresistas que aprobaron la ley de prescripción para que Vladimir Cerrón y varios delincuentes políticos empiecen a quedar impunes e insistan en llegar a cargos públicos? ¿No deberían purgar prisión los que organizan marchas violentas con el disfraz de reclamos para que el oro ilegal y la cocaína salgan hacia Bolivia? Ese sería un verdadero plan de pacificación del país.
Se han puesto a pensar en las celdas que faltarían si es que se dispusieran escuchas telefónicas a jueces, fiscales, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, regidores y ciertos empresarios mercantilistas. Se imaginan lo que arrojarían escuchas a los congresistas llamados “Los Niños” o a Sigrid Bazán o a Guillermo Bermejo, tan defensores de los subversivos. Habría que construir más presidios.
¿Queremos orden y ausencia de violencia? ¿Queremos hablar de Plan Bukele? entonces admitamos que Martín Vizcarra y varios de sus ministros deberían estar en prisión después de las 200 mil muertes de peruanos en la pandemia y la inmensa corrupción de ese gobierno. Pero no es así. Un día de estos aparecerán invitados a la televisión para opinar sobre “la inconveniencia del Plan Bukele”. Si el corrupto anda suelto, cualquiera se siente con derecho a delinquir.
La violencia crece cuando la legalidad se destruye. Sin reglas nítidas deja de existir la válida represión judicial. Entonces, admitamos que los famosos fiscales Lava Jato han sido los grandes destructores de la legalidad, por lo tanto, si queremos Plan Bukele ¿por qué no incluimos en ese plan la investigación y sanción a los fiscales Lava Jato y a su gran asesor? ¿Por qué no investigar cuál fue la gran ventaja (económica) obtenida para beneficiar tan groseramente a Odebrecht, a José Graña y demás galifardos? Y de paso, ya que estamos, ¿por qué no indagar en las razones por las que ciertos periodistas defendieron y ensalzaron tanto a esos fiscales?
La violencia asoma y crece cuando el principio de autoridad deja de existir. La violencia, el desorden, la pobreza que hoy padece el país no se arregla encarcelando únicamente a los sicarios y a los asaltantes.
Es tragicómico ver cómo se discute por un Plan Bukele peruano mientras los policías que ascendieron a generales pagando coimas al corrupto Pedro Castillo, siguen ejerciendo sus cargos. Pero el gobierno, que tendría que destituirlos, habla de “un plan Boluarte mejor que el plan Bukele”. ¿Quiénes van a ejecutar ese plan? ¿Los generales corruptos? ¿Por qué no le dan recursos a los policías valiosos que ejercen con honestidad su tarea? ¿Saben por qué? Porque ni la gobernante, ni los ministros, ni los congresistas ni nadie quieren ser descubiertos por los buenos y valerosos policías que saben trabajar y cumplir su deber.
Al escuchar las discusiones por un Plan Bukele es inevitable pensar en esto: si apareciera alguien decidido a imponer el principio de autoridad que tanto necesitamos, de inmediato asomará esa casta nefasta que irá corriendo a la CIDH a pedir clemencia para los delincuentes y fondos para sus ONGs.
En realidad, el Perú, no necesita un Plan Bukele por una razón: el nuestro es un país que está prisionero.
