Por Tino Santander Joo
El ministro de economía Pedro Francke, aliado menor y circunstancial del gobierno ha solicitado al Congreso de la República facultades legislativas en materia tributaria para recaudar aproximadamente doce mil millones de soles y cerrar brechas en educación, salud e infraestructura. Francke, señala que van elevar el impuesto a la renta a la minería, el IGV a los artículos de lujo y también el impuesto a las propiedades y alquileres.
El pedido ha desatado la ira de los empresarios y de los opinólogos neoliberales que han señalado que es muy peligroso otorgarle facultades en materia tributaria a un gobierno errático que no sabe a dónde va. En realidad, se trata de una iniciativa política que busca posicionar mejor al sector caviar en el gobierno presentándose como defensores de los pobres frente al ala radical de Perú Libre.
Los caviares del gobierno han lanzado fuegos artificiales para ocultar su incompetencia en la crisis económica y política que vive el país; ellos saben que los ricos y poderosos tienen una infinidad de mecanismos para proteger su patrimonio, entonces amenazan con más impuestos a los pequeños empresarios del turismo que están quebrados, pero que son dueños de propiedades, automóviles; a los medianos y pequeños mineros de los andes; a los emergentes informales de los mercados populares; a los medianos y pequeños propietarios de tierra; a los artesanos; a los empresarios gastronómicos (chifas y restaurantes familiares); a las clases medias que viven de alquileres en un país que tiene la gasolina, el gas y, los servicios básicos más caros de América Latina.
Los socialistas de las clases medias altas son emotivos y ambivalentes, por esos son enemigos del pueblo. Los caviares —clase medieros—, siempre se movilizan pensando en su estatus social y tiene una visión paternalista de la pobreza; son como los indigenistas del siglo XX que revaloraban el incario, pero despreciaban al indio o los izquierdistas de colegios y universidades privadas que le agradecen a Dios, porque los pobres no saquean los barrios residenciales, ni queman bancos, ni asaltan farmacias, ni supermercados como en Chile y Colombia.
El “gobierno popular” y la derecha neoliberal no quieren ver que la acumulación de riqueza está concentrada en el monopolio farmacéutico que encarece las medicinas, en los intereses usureros de la banca oligopólica que ha creado un sistema de esclavismo financiero que aterroriza a millones de familias; en los contratos leoninos que regalan el gas de Camisea a precios viles y que enriquecen a las empresas intermediarias; en las deudas tributarias de grandes empresas que las han judicializado para evitar pagarlas; en las empresas que abastecen insumos para el narcotráfico y al crimen organizado. Ellos saben que el dinero de los impuestos se queda en la burocracia estatal y jamás llega a los cerros y desiertos donde viven los pobres del Perú.
NO ven a los comunistas chinos rindiendo culto a la riqueza que ha construido un estado poderoso y eficiente; a la India que promueve la competencia en el sistema financiero para que los pequeños empresarios tengan créditos baratos y promuevan el empleo digno; a los cubanos que han privatizado el agua para darle servicio al pueblo; a los países europeos donde no existen monopolios farmacéuticos ni financieros.
La izquierda limeña y los neoliberales están aliados por sus vínculos de clase y sirven a los ricos con sus fantasías ideológicas. Estos sectores no ven que esta marcha una revolución tribal-informal, desordenada y sin liderazgo que marcha a la legitimación del crimen organizado como mecanismo de supervivencia. La instauración de la voluntad de la turba, la barra brava, el incendio de campamentos mineros es el principio de un nuevo sendero que nadie quiere ver.
