La farsa de la interpelación

Por estos días, en el Congreso de la República, se escenificó una de esas farsas que ya no sorprenden, pero sí indignan. Fabricio Valencia Gibaja, el actual ministro de Cultura —o lo que queda de esa cartera— fue interpelado por su gestión desastrosa. El escenario fue casi simbólico: un hemiciclo semivacío, con parlamentarios ausentes como si la destrucción del patrimonio milenario del Perú fuera un asunto menor. Esa imagen lo decía todo: el país se cae a pedazos y un gran porcentaje de los supuestos padres de la patria miran para otro lado.

El ministro fue interrogado sobre el escandaloso recorte del polígono de protección de las Líneas de Nasca y Palpa, una mutilación al patrimonio mundial que haría revolver en su tumba a María Reiche. Lejos de responder con honestidad, Valencia optó por la evasiva, la retórica hueca y la mentira abierta. Como si la verdad pudiera ocultarse bajo el manto de la burocracia.

Pero el punto más grotesco vino cuando se le preguntó por Shirley Hopkins, beneficiada con órdenes de servicio en su gestión y, presuntamente vinculada sentimentalmente con el ministro. Fue allí donde la compostura se desmoronó. El ministro, visiblemente nervioso, negó toda relación, balbuceó excusas y trató de esquivar el tema del uso indebido de un vehículo oficial, hoy bajo investigación fiscal. La escena fue patética, digna de una tragicomedia mal escrita.

Y es que la trama de este drama tiene nombres y apellidos: según fuentes del propio ministerio, desde Palacio de Gobierno se habría ordenado al ministro acelerar un informe —elaborado por funcionarios de la DDC de Ica— para justificar la resolución que recorta el área protegida de las Líneas. El documento, firmado por la también cuestionada viceministra Moira Novoa Silva, ha sido repudiado por arqueólogos, especialistas y una parte del Congreso aún comprometida con la cultura.

Ante el escándalo, el Ejecutivo solo ha optado por la táctica del camuflaje: “pausar” el proceso, socializarlo, dilatarlo. Pero el crimen está en marcha. Fabricio Valencia no solo ha demostrado incompetencia; ha mostrado sumisión, cobardía y desprecio por la historia del Perú. Lo que ocurrió en Nasca no es un error técnico: es un acto deliberado que pretende la destrucción cultural. Y sus responsables no deben quedar impunes. El silencio de Alberto Martorell y su nuevo cargo en el Mincul abre una nueva línea de investigación.