La democracia falsificada: un festín de firmas falsas rumbo al poder

La democracia peruana no está simplemente en crisis. Está siendo socavada desde sus cimientos por prácticas que, de confirmarse judicialmente, constituirían no solo irregularidades administrativas, sino atentados directos contra la voluntad ciudadana y la legalidad electoral.

¿Cómo podemos llamar “democracia” a un sistema donde la afiliación política de miles de ciudadanos podría haber sido falsificada?

Informes periodísticos recientes de Cuarto Poder, Punto Final y Panamericana han revelado indicios graves de afiliaciones presuntamente irregulares en múltiples organizaciones políticas. Lo que estos reportajes sugieren —y lo que diversas autoridades, entre ellas el Congreso de la República deben investigar a fondo— es un patrón sistemático en el cual miles de ciudadanos habrían sido inscritos en partidos políticos sin su consentimiento informado ni su firma auténtica.

Entre los partidos mencionados en estos informes se encuentran agrupaciones lideradas por figuras públicas como Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Martín Vizcarra (Perú Primero), Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo) e incluso Nicanor Boluarte (Ciudadanos por el Perú), hermano de la actual presidenta. Mencionar estos nombres no implica prejuzgar su responsabilidad penal, pero sí destacar que estos señalamientos requieren una respuesta institucional clara, transparente y, sobre todo, conforme a derecho.

Un reciente informe del RENIEC, revelado por el programa dominical Panorama, confirma la gravedad de las irregularidades en la inscripción de partidos políticos peruanos. Tres agrupaciones se destacan por el nivel de falsificación detectado: «Perú Primero» del expresidente Martín Vizcarra, con 5,117 inscripciones invalidadas, incluyendo 1,634 fichas donde se identificó que un mismo puño falsificó múltiples firmas; «Voces del Pueblo» del congresista Guillermo Bermejo, donde se encontraron 4,428 firmas manipuladas y sorprendentemente el 83% de 25,249 registros fueron declarados no válidos, hallándose incluso huellas dactilares repetidas; y «Ciudadanos por el Perú», vinculado a Nicanor Boluarte (hermano de la actual presidenta), reportado en tres ocasiones por 2,298 firmas fantasmas, con 1,681 de 2,350 fichas mostrando convergencias del mismo puño gráfico. Este escándalo evidencia un patrón sistemático de falsificación que compromete seriamente la integridad del sistema electoral peruano y la legitimidad de estas organizaciones políticas.

En el Perú, si una organización política inscribe su partido utilizando firmas falsas, enfrenta consecuencias legales muy graves. De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N° 28094), específicamente el artículo 5, literal h), modificado por la Ley N° 31981 (2024), “La responsabilidad penal en caso de fraude en la recolección de firmas recae sobre el responsable que el estatuto de la organización política determine, así como sobre el responsable de la hoja de adherentes​”. Si se detecta la falsificación de firmas, los implicados pueden enfrentar procesos penales por fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica o fraude procesal, delitos sancionados por el Código Penal peruano.

Las autoridades competentes —Fiscalía, JNE y RENIEC— deben actuar con celeridad, garantizando el debido proceso y respetando la presunción de inocencia, pero sin permitir que la impunidad se normalice.

De acuerdo al Artículo 91. de la misma ley, establece: “El Jurado Nacional de Elecciones solicita al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que compruebe la autenticidad de las firmas y la numeración de los Documentos Nacionales de Identificación correspondientes a los adherentes a que se hace referencia en el inciso b) del artículo 88”. En ese sentido, el RENIEC, según el reportaje, identificó más de 238,000 firmas con “indicios visibles de falsificación”.

Según una investigación de Latina Noticias, a través del programa «Punto Final», el escándalo de falsificación de firmas también alcanza al partido «Primero la Gente» de Miguel del Castillo y de la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, “donde se detectaron 4,039 firmas falsas utilizadas para su inscripción”. La investigación “recogió testimonios de 120 supuestos militantes en 14 distritos de Lima, quienes negaron categóricamente haberse afiliado al partido”. La indignación de los ciudadanos consultados es legítima. Pero debe traducirse en exigencia institucional, en reformas urgentes y en fiscalización ciudadana sostenida. El caso adquiere mayor gravedad al revelarse la existencia de un mercado negro de firmas falsificadas, donde un informante confesó que «se cobra en promedio 6 soles por ficha llena», evidenciando que esta práctica corrupta podría estar institucionalizada como un negocio lucrativo que socava completamente la legitimidad del proceso de inscripción de partidos políticos en Perú.

Lo preocupante es que el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, en su lista de causales de cancelación, no contempla la anulación o cancelación de la inscripción de un partido, incluso cuando un partido político, se haya inscrito utilizando firmas falsas y se comprometa su legitimidad.

Hay declaraciones que, lejos de aclarar, agravan el desconcierto. Representantes como Marcos Ceballos, de Primero la Gente, han sugerido que, si RENIEC validó firmas cuestionables, “La responsabilidad recaería exclusivamente en dicha entidad”. Esta afirmación —aunque legalmente debatible— elude una cuestión ética y política esencial: los partidos deben garantizar que sus procesos de afiliación sean genuinos, verificables y transparentes.

En paralelo, se advierte una estrategia de control mediático por parte de algunos de los líderes implicados. El expresidente Martín Vizcarra, actualmente inhabilitado e investigado por presuntos actos de corrupción, ha optado por presentarse en canales de youtubers, como Cristo Rata en diciembre de 2024 y Carlos Orozco en abril de 2025, para negar cualquier implicación en estos hechos. Tiene derecho a defenderse, pero la victimización es innecesaria. Los ciudadanos también tienen derecho a exigir explicaciones en foros institucionales, no sólo en espacios diseñados para controlar el relato público.

Vizcarra con el llamado Cristo Rata.

Los partidos políticos están llamados a ser vehículos de expresión ciudadana. Pero si estos vehículos se convierten en franquicias que se compran con firmas presuntamente falsas y se mantienen con recursos de procedencia dudosa, estamos frente a una grave desviación de su función constitucional.

Si no corregimos ahora, las elecciones de 2026 podrían reproducir los mismos vicios: listas elaboradas sobre la base de militantes fantasmas, sin legitimidad, sin consentimiento real, sin democracia. La democracia no puede sostenerse sobre registros manipulados ni sobre sistemas cómplices del engaño. O saneamos el sistema desde su raíz, o aceptamos —como sociedad— que la representación política en el Perú es una farsa legalizada.

Y si aceptamos eso, entonces no nos quedará más que prepararnos para lo inevitable: un Estado capturado, no por los votos, sino por el fraude institucionalizado.