La coalición nauseabunda

Por Tino Santander Joo

El 24 de febrero de 2024, el fallecido expresidente Alberto Fujimori declaró que el fujimorismo había decidido que la presidente Dina Boluarte se quedaría hasta el 2026. El Parlamento, la prensa y los medios de comunicación anunciaron la decisión como un mandato. Fujimori estaba abocado a reordenar a la derecha política y a los grupos de poder económico, formales e informales, en torno a su candidatura. Combatió hasta el 11 de septiembre de 2024. Fue despedido con honores de Estado y reconocido por la inmensa mayoría de peruanos, que perdonaron sus delitos y reconocieron sus logros.

Con la muerte de Alberto Fujimori, la coalición fujimorista perdió fuerza. Sin embargo, logró renovarse el pacto político en el Parlamento entre Fuerza Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Perú Libre (llamada “la izquierda provinciana”) y otros grupos parlamentarios. Esta alianza evidencia el primer paso de una gran coalición nauseabunda. A ella se suman los grupos de poder económico, tanto formales (bancos, grandes empresas, etc.) como informales (mineros ilegales, organizaciones criminales), que, con la anuencia del gobierno, garantizan la continuidad de un modelo oligopólico y la impunidad de Dina Boluarte.

Esta coalición ha vendido las candidaturas al Parlamento, ha distribuido zonas de influencia política y dispone de millones de dólares. Además, cuenta con el respaldo del gobierno de Boluarte. Las elecciones están diseñadas para que la coalición que gobierna el Parlamento y controla el Ejecutivo continúe en el poder. Todo esto ocurre con la complicidad del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien denunció que más de veintitrés partidos están inscritos con firmas falsas. Luego de su denuncia, el país esperaba que actuase correctamente y desafiliara a los partidos mafiosos; sin embargo, ha guardado silencio, convalidando el fraude y la ignominia del sistema político.

La coalición nauseabunda —compuesta por la izquierda, la llamada centro derecha, los medios de comunicación tradicionales, el Parlamento, la fiscalía, el Tribunal Constitucional, las universidades, y los gremios empresariales y sindicales— es cómplice con su silencio e indiferencia del fraude electoral y de la desesperanza de la mayoría de los ciudadanos, que observa este proceso electoral con repudio. Intuyen que serán los mismos corruptos de siempre, quienes ya tienen compradas sus curules y sinecuras. Ningún “precandidato presidencial” se pronuncia sobre el fraude electoral. No les importa el país, ni la gente que sufre por la falta de salud, educación e infraestructura productiva. Solo les interesan sus privilegios y enriquecerse mediante la venta de candidaturas y los aportes ilícitos de los grupos de poder económico, formales e informales.

El país está dividido en dos sectores: por un lado, los candidatos mafiosos; por otro, la inmensa mayoría de peruanos que se levantan temprano a trabajar y estudiar, y que aún creen en la promesa de la vida peruana: un país libre, próspero, en el que sus ciudadanos sean felices. Esa fue la promesa de la independencia, una promesa incumplida. Los peruanos sabemos que los políticos corruptos jamás cumplirán los anhelos de los libertadores.

Al Perú no le queda otro camino que la insurgencia democrática, es decir, la toma de conciencia ciudadana, la organización desde abajo, el voto nulo, la movilización pacífica. Además, el derecho a la desobediencia civil está amparado por el artículo 46 de la Constitución: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes”.

Es necesario rebelarnos, cerrar el Parlamento, destituir a Boluarte y permitir que una Junta Transitoria —presidida por un miembro del Tribunal Constitucional o de las Fuerzas Armadas— asuma el gobierno por un año y convoque a elecciones limpias, no fraudulentas.

No hay otro camino, querido lector. Usted decide: ¿nos rebelamos o seguimos con la coalición nauseabunda que busca perpetuarse en el poder?