La CIDH impone su agenda: Rechaza a amnistía para militares que enfrentaron al terrorismo

La reciente aprobación en primera votación del proyecto de ley que propone otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Comités de Autodefensa por su participación en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000 ha generado un inmediato rechazo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, este pronunciamiento vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la autonomía de los Estados para legislar y reconciliarse con su pasado.

El Pleno del Congreso aprobó, con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, un dictamen que busca otorgar una amnistía de carácter humanitario a adultos mayores de 70 años —muchos de ellos sin sentencia firme— involucrados en acciones contra el terrorismo. La norma también incluye a aquellos con condena ejecutoriada, siempre que estén en etapa de cumplimiento de sentencia.

Frente a ello, la CIDH expresó su “preocupación” señalando que la iniciativa “pretende beneficiar a personas involucradas en graves violaciones de derechos humanos”, aludiendo a pronunciamientos previos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideran inadmisibles las disposiciones de amnistía en casos de desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales.

No obstante, cabe cuestionar hasta qué punto una entidad supranacional como la CIDH puede —o debe— condicionar las decisiones legislativas de un Estado soberano. La amnistía propuesta no implica impunidad generalizada, sino una medida concreta, acotada en el tiempo y con carácter humanitario. Muchos de los investigados nunca fueron juzgados, y algunos enfrentan procesos judiciales prolongados sin sentencia, en contextos marcados por la politización judicial y vacíos procesales.

El debate no debe centrarse únicamente en los crímenes cometidos, sino también en el derecho del país a reconstruir su memoria histórica desde una visión que no criminalice automáticamente a quienes enfrentaron al terrorismo, muchas veces en condiciones extremas y con escaso respaldo institucional.

La segunda votación del proyecto será decisiva. En juego no solo está una norma legal, sino también la soberanía del Congreso, aunque en reiteradas veces es muy cuestionado, para legislar conforme a los intereses y circunstancias del Perú. La intervención de organismos internacionales debe equilibrarse con el respeto al principio de autodeterminación de los pueblos y al debido proceso.