El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó la devolución de las pruebas compartidas con Perú, incluyendo las declaraciones de los exfuncionarios brasileños Jorge Barata y Luiz Antonio Mameri. Además, prohibió procesar solicitudes de cooperación internacional relacionadas con los exdirectivos de Odebrecht. Aquello significa que ellos no podrán declarar en tribunales peruanos y frente a esta situación los casos de Keiko Fujimori, Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, se debilitarán y podrían tener un desenlace adverso.
Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio, advierte, que tras la disposición brasileña se “desestabiliza” varios procesos penales, entre ellos el del expresidente Ollanta Humala, “que es uno de los casos Lava Jato más fuertes”. También el de Keiko Fujimori; “Barata ha dicho que le entregó dinero. Por eso, ahora finiquitó, porque al haberse anulado en Brasil ya no va a tener ningún valor en el Perú”. Asimismo, Lamas Puccio cuestiona la labor de los fiscales “de supeditar gran parte de la investigación a lo que decían Barata y Mameri, cuando en realidad, debieron haber fortalecido lo que decían las pruebas acá en Perú”. Lamas agrega que el presidente Lula da Silva ha sido un factor político en la desestabilización de las investigaciones Lava Jato en Brasil.
La justicia peruana tendrá las ‘manos atadas’
“Yo sí creo que afecta los procesos Lava Jato, de manera general, porque el fondo del tema es que, para la justicia brasileña, toda la información generada en el caso Lava Jato se encuentra contaminada por actos de ilegalidad cometidos en el Brasil”, comenta por su parte el penalista Wilfredo Pedraza. En Perú tendrá “un efecto debilitador en la posición del Ministerio Público. Me temo que, de manera general, sí”.
A su juicio, la justicia peruana no puede hacer nada para impugnar la decisión brasileña. No descarta “factores políticos” vinculados con Lula da Silva, “pero que ha habido razones jurídicas por las cuales se justifica la nulidad de esos procesos en Brasil”, remarca el abogado.
La medida responde a una solicitud de Jorge Barata y Luiz Mameri, quienes argumentaron que las autoridades peruanas seguían citándolos para declarar en otros procesos judiciales, a pesar de la orden emitida por el mismo magistrado en 2023.
