Impedir que Carhuancho sea el juez del caso Odebrecht es muy grave y, en este momento, es un gran atentado contra la administración de justicia.
Sucede que si estás completamente inserto en el sistema y demuestras que no te pueden comprar, como parece ser el caso del juez Carhuancho, te cambian y te anulan y todo resulta “técnica o formalmente” impecable.
En este sentido, los cambios realizados en la Sala Penal Nacional son formalmente positivos pero, en los hechos, son un conjunto de atentados contra la resolución de este importante caso.
Confiar o creer en la objetividad y probidad de los jueces que lleven el caso Odebrecht de aquí en adelante por disposición de un Consejo Nacional de la Magistratura lleno de “políticos” de la peor calaña es un acto suicida.
En síntesis, desde ayer la Sala Penal Nacional ha sido desarticulada y ha pasado a tener la categoría de Corte Superior y, en este orden, se han determinado sus competencias para juzgar casos de terrorismo, violación de derechos humanos, etc pero ya no podrá fallar en casos vinculados a delitos contra la administración pública. Además, todas sus plazas serán asumidas por jueces titulares que deberá nombrar como corresponde el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Estas variaciones podrían ser positivas en otro momento no ahora cuando se dan las componendas más horribles de la historia contemporánea. Vivimos la más grande de las crisis socio-políticas de nuestra historia y no debemos mantener nuestros brazos cruzados por más tiempo.
A marchar hoy y siempre y aunque estas marchas no lo determinen todo, no ir en ellas es un acto de lesa complicidad con este sistema podrido.
