Juan José Santiváñez, un oscuro funcionario con privilegios en el poder

No cabe duda de que el cuestionado exministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, y actual funcionario del gobierno de Dina Boluarte, sigue siendo protagonista de titulares por razones que poco tienen que ver con méritos públicos y sí mucho con escándalos, sospechas e impunidad. El nombre de Santiváñez se ha convertido en sinónimo de una preocupante normalización del uso del poder para fines particulares, en un país que ya no se escandaliza fácilmente por la corrupción, pero que sí continúa pagando su precio.

El Ministerio Público abrió recientemente diligencias preliminares contra Santiváñez por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. La resolución, fechada el 7 de mayo de 2025, detalla que el exministro habría utilizado su posición para interceder ante la presidenta de la República, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor José Zanabria Angulo y el jefe del Estado Mayor, Óscar Manuel Arriola Delgado, buscando colocar a sus allegados en cargos estratégicos en embajadas peruanas en el extranjero. La denuncia, de origen anónimo, provino de un correo electrónico enviado el pasado 20 de enero. Un hecho que, más allá de su forma de ingreso al sistema judicial, refleja la desconfianza ciudadana en las vías oficiales y el temor a las represalias.

Entre los supuestos beneficiados por esta presunta red de favores figuran el coronel PNP Luis Huamán Santamaría (designado en Paraguay), el comandante PNP Allan Villaverde Erazo (en EE.UU.) y el comandante PNP Dante Velasco Marín (en Italia). Según la tesis fiscal, estos oficiales habrían prometido “guardar en secreto actividades ilícitas” cometidas por Santiváñez, e incluso se sugiere una posible implicación de la propia presidenta Boluarte. Si esto se confirma, estaríamos ante un caso que no solo erosiona aún más la credibilidad del Ejecutivo, sino que compromete la institucionalidad del Estado en su conjunto.

Pese a estas graves acusaciones, Santiváñez no ha desaparecido de la administración pública. Todo lo contrario: ha sido reciclado, reinsertado y premiado. Actualmente, ocupa dos cargos en el Estado. Por un lado, forma parte del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), y por otro, funge como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Esta duplicidad de funciones plantea una inquietante pregunta: ¿está Santiváñez percibiendo doble remuneración con recursos públicos mientras afronta investigaciones fiscales por delitos graves?

Lo más indignante, sin embargo, es que el Estado —el mismo que lo investiga— ha financiado su defensa legal. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, durante el segundo semestre de 2024, el Ministerio del Interior aprobó cuatro resoluciones para pagar los servicios jurídicos de Santiváñez. El monto total supera los 410 mil soles. Esta desfachatez de financiar la defensa de un exfuncionario por investigaciones de organización criminal y encubrimiento personal, no hace sino confirmar que la institucionalidad está siendo secuestrada por los mismos a quienes debería fiscalizar.

El historial de Santiváñez está plagado de sombras. En marzo de 2025, su vivienda fue allanada por la Fiscalía como parte de las investigaciones por presunto abuso de autoridad. Días después, él mismo pidió al Poder Judicial que anulara dicha diligencia. Sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado su pedido, ratificando la legalidad del procedimiento. La Fiscalía incluso reveló que en los domicilios de una de sus colaboradoras, Yessenia de la Cruz, se encontraron documentos relevantes. Pese a estos hallazgos, Santiváñez continúa moviéndose con comodidad dentro del aparato estatal.

Peor aún, se le vincula con un audio enviado al capitán PNP Junior Izquierdo, alias “Culebra”, donde el exministro le habría pedido que el coronel (r) Harvey Colchado “controle” al periodista Marco Sifuentes. De confirmarse este hecho, estaríamos ante una grave intromisión en la libertad de prensa y un claro intento de coacción desde el poder.

La permanencia de Santiváñez Antúnez en el Ejecutivo, a pesar de sus escándalos, no es solo una afrenta a la ética pública: es una señal de la putrefacción de los mecanismos de control. ¿Cómo se explica que alguien investigado por delitos tan graves siga tomando decisiones desde una posición de poder? ¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que las instituciones no están siendo utilizadas como escudos para la impunidad?

Este caso, más allá de los detalles judiciales, revela un patrón peligroso: la captura del Estado por redes de lealtades personales y clientelismo. Juan José Santiváñez, lejos de ser un accidente, es un síntoma. Su ascenso, caída y reciclaje ilustran con crudeza cómo la política peruana permite —y hasta premia— la desvergüenza.

A estas alturas, ya no se trata solo de una investigación fiscal. Se trata de recuperar el sentido de lo público. La continuidad de Santiváñez Antúnez en el aparato estatal es una provocación al sentido común, una bofetada a los peruanos que todavía creen que el Estado debería estar al servicio de los ciudadanos y no de sus verdugos.

El caso Santiváñez es, en resumen, un espejo de la corrupción estructural que carcome al Perú.