Política

Jorge Montoya defiende “Ley Pro Crimen Organizado”

El parlamentario de ‘Honor y Democracia’ afirma: “Eso no afecta al crimen organizado ni estamos protegiendo al crimen organizado. La Fiscalía ha venido actuando mal con la ley anterior. Debe mantenerse la ley y corregirse lo que se tenga que corregir, pero no derogar la ley”.

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El congresista Jorge Montoya Manrique defiende enfáticamente la Ley 32108 sobre el Crimen Organizado y ha cuestionado que se le esté dando una narrativa que desde su perspectiva afecta al Parlamento, por darle un enfoque político y no real, ni jurídico.  En declaraciones a la prensa, el legislador de ‘Honor y Democracia’ criticó que se cuestione al Congreso, porque las acciones inmediatas para combatir el crimen organizado le corresponden al Ejecutivo, y no al Legislativo.  Asimismo, Montoya Manrique indicó que, a pesar de las propuestas legislativas presentadas, la responsabilidad recae en el gobierno para implementar medidas efectivas contra la delincuencia.

Ley 32108 promulgada por el Congreso, que modifica la Ley 3007 contra el Crimen Organizado. 

Jorge Montoya se defiende: “La población cree que tenemos la culpa de todo”

Ante la baja aprobación del Congreso, que es una realidad innegable, al parecer el parlamentario de la bancada ‘Honor y Democracia’, Jorge Montoya, también estaría dando muestras de su desconexión con la realidad, porque hizo un llamado a la ciudadanía para que se saque la idea de la cabeza que el Legislativo tiene la culpa de todo lo que viene aconteciendo en el territorio nacional.

Además, dejó en claro que los temas vinculados con la delincuencia no le corresponden al Parlamento Nacional. ¿Y qué de las leyes que aprueban?   

“Todo lo que está mal, el Congreso tiene la culpa, eso es lo que la población tiene en la cabeza. Hay que marcar la línea de lo que corresponde y no corresponde. Temas de seguridad ciudadana no le corresponde al Congreso”, manifestó.

En otro momento, el congresista indicó que la implementación de la pena de muerte para crímenes de terrorismo urbano y otros delitos graves, dependerá de que el Perú se retiré de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentando que la CIDH ha obligado al país a indemnizar a terroristas, una situación que consideran inaceptable.

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