Política
Jefe de la Policía Víctor Zanabria en la mira de la Fiscalía
El fiscal Arturo Valencia Paiva solicitó al Poder Judicial suspender por 18 meses al general Víctor Zanabria, por presunto peculado doloso y abuso de autoridad, ambos con penas de cárcel efectiva. La medida busca impedir que ejerza funciones mientras se desarrolla la investigación fiscal.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, enfrenta una situación judicial que pone en jaque su permanencia al frente de la institución. El Ministerio Público ha solicitado su suspensión del cargo por 18 meses, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, en 2020. Aunque el alto oficial ha intentado mantenerse en silencio frente al escándalo, los testimonios, documentos y transferencias financieras que obran en la carpeta fiscal dibujan un panorama complejo y preocupante.
Un historial con antecedentes y controversias
Zanabria no es un desconocido para la polémica. Su gestión ha estado marcada por decisiones controversiales, como la compra millonaria de lujosos vehículos Audi para uso de altos mandos policiales, cuestionados por su alto costo en un contexto de austeridad estatal. Más recientemente, videos difundidos en redes sociales donde aparece bailando ‘perreo’ con una joven suboficial (de 2da) en un evento social y con quien luego viajó a Colombia, alimentaron aún más las críticas sobre su conducta pública. Sin embargo, las acusaciones que hoy enfrenta lo colocan en una posición mucho más comprometida: no se trata de formas, sino de posibles delitos graves contra la administración pública.
Acusaciones desde Arequipa: policías convertidos en obreros
Según el Ministerio Público, mientras Zanabria dirigía la región policial de Arequipa, habría ordenado utilizar a suboficiales para trabajos de construcción, electricidad y albañilería dentro del complejo policial, todo ello durante su horario laboral y bajo la fachada de supuestas tareas de patrullaje. La fiscalía sostiene que estas acciones configuraron una desviación ilícita de funciones y una posible apropiación indebida de recursos públicos.
Seis suboficiales han brindado su testimonio bajo condición de reserva, asegurando que fueron forzados a abandonar labores de seguridad ciudadana para realizar trabajos físicos, como remodelaciones de patios, fachadas y ambientes internos del cuartel policial. Esta denuncia se sustenta, además, en registros oficiales donde dichos policías aparecían asignados al patrullaje mientras, en la práctica, eran empleados como mano de obra.
El testimonio que compromete a Zanabria
Una de las declaraciones más relevantes en el expediente proviene de la mayor PNP Claudia del Castillo, quien se desempeñaba como jefa del Escuadrón Verde en Arequipa. Según indicó ante la Fiscalía, fue el propio Víctor Zanabria quien le instruyó reclutar personal técnico para las obras internas, bajo el encubrimiento de labores policiales regulares.
Más aún, un maestro de obras identificado como Claver Colquehuanca, quien participó en las remodelaciones, declaró haber recibido pagos por montos muy superiores a los inicialmente pactados. Al consultar por la diferencia, habría recibido instrucciones directas de Zanabria para cobrar el total y luego entregarle el excedente en efectivo. Este dato, sumado a movimientos bancarios registrados entre el maestro de obras Colquehuanca y otros funcionarios de la región policial, como el operador logístico (SS PNP) Rolando Rodríguez Bilbao, refuerza la hipótesis fiscal de una presunta red de malversación.
Documentos que no cuadran
La investigación fiscal incluye órdenes de servicio, actas de conformidad y comprobantes de pago que presentan inconsistencias y, en algunos casos, carecen de respaldo legal. La ejecución de las obras, que incluyó trabajos como el revestimiento de fachadas con piedra laja o la construcción de un cenotafio, no habría seguido ningún procedimiento de licitación o contrato formal. Para la Fiscalía, esto evidencia una actuación coordinada para encubrir el desvío de recursos públicos, bajo el aparente control del entonces jefe regional Víctor Zanabria.
Fundamento legal del pedido de suspensión
El fiscal Arturo Marcos Valencia Paiva, a cargo del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Arequipa, ha solicitado al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria que se imponga la suspensión del cargo a Zanabria por un periodo de 18 meses. El pedido se ampara en el artículo 297, inciso 1, del Código Procesal Penal, que permite la suspensión de funciones cuando existe riesgo de reiteración delictiva o si el cargo facilita la continuación del delito.
En este caso, los presuntos delitos son peculado doloso y abuso de autoridad, ambos con penas que contemplan inhabilitación y cárcel efectiva. La suspensión no implica una condena, pero sí impediría que Zanabria ejerza poder institucional mientras la investigación avanza.
Silencio estratégico y defensa en curso
Hasta el momento, el comandante general no ha ofrecido una declaración pública detallada sobre el pedido fiscal. En declaraciones anteriores, negó haber ordenado tareas fuera del reglamento y defendió su gestión como orientada al fortalecimiento institucional. Fuentes cercanas aseguran que se encuentra preparando su defensa junto a su equipo legal, aunque su permanencia en el cargo depende ahora de la decisión judicial.
Implicancias institucionales y políticas
Si el Poder Judicial aprueba la medida solicitada, la Policía Nacional deberá reorganizar su cúpula de forma inmediata. La salida de Zanabria, en medio de un escándalo de corrupción, tendría efectos no solo operativos, sino también políticos, dada la cercanía del comando policial con el Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros.
El caso también involucra a otros altos mandos regionales, como los coroneles Francis Alarcón Gallegos y Luis Cancela Roggero, además de varios suboficiales responsables de logística. La Fiscalía investiga su rol en la ejecución de obras sin concursos públicos, en un esquema que podría configurar colusión agravada y negociación incompatible.
Más allá de Zanabria: un síntoma estructural
Este nuevo escándalo revela, una vez más, cómo el poder dentro de las instituciones del Estado puede ser utilizado para fines personales o ilegales, incluso en organismos encargados de hacer cumplir la ley. La Policía Nacional del Perú, golpeada por problemas de legitimidad, se ve nuevamente envuelta en un proceso que pone en entredicho su ética institucional.
La decisión final queda ahora en manos del Poder Judicial. Pero, más allá del caso individual de Zanabria, el país enfrenta una pregunta de fondo: ¿qué controles fallaron para que esto ocurriera y cómo evitar que se repita?