Jarabe de lengua, complot diplomático y hora de decisiones

Por Rafael Romero

En reciente conferencia realizada en la sede central del Partido Aprista de Miraflores, estuvieron, entre otros intelectuales, Hugo García Salvatecci, quien lanzó la tesis de la existencia de la “derecha caviar”; Gustavo Otero, embajador en situación de retiro, quien mostró su atención por el caso Fortunato Quesada; y el internacionalista José Antonio Torres Iriarte, quien aportó detalles del papel de Néstor Popolizio, canciller de Vizcarra del 2018 al 2019, respecto de la conspiración que frustró el asilo político de Alan García en Uruguay.

En materia de complots, estos no son privativos de la izquierda caviar sino también provienen de la hasta hoy poco expuesta derecha caviar. Pero, curiosamente, la derecha caviar es furgón de cola de la izquierda caviar. Esa derecha usa el jarabe de lengua henchido de patriotismo, de exuberancia moralista, de compromiso verbal contra la corrupción y dizque proscribirá la impunidad.

En el caso de la Cancillería, de la era Boluarte, hay dos documentos que son sintomáticos para analizar lo que sucede en la realidad cuando solo dice buscar la integridad y confrontar con la inmoralidad pública. Uno de esos documentos es el “ACTA DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES”, firmado el pasado 20 de febrero, donde el canciller Javier González Olaechea afirma:

“En mi calidad de Ministro de Relaciones Exteriores, conjuntamente con el Viceministro y el secretario general, manifestamos nuestro completo respaldo al modelo de integridad y lucha contra la corrupción impulsado desde el gobierno nacional, como uno de los ejes centrales de la Política General del Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2023-PCM, concordante con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por Decreto supremo N° 092-2017-PCM, el Plan nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, y las disposiciones emitidas por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros”.

Empero, ello puede sonar burdo y -disculpen la licencia- la verdad es que el papel aguanta todo. Por ejemplo, miremos el caso del complot contra el embajador Fortunato Quesada, harto documentado desde los sendos programas de HABLA EL PUEBLO del 08 de agosto y del 18 de setiembre, sin que el Estado peruano castigue a los autores materiales e intelectuales al más alto nivel frente a esa conspiración, pues existen pruebas irrefutables de la propia Cancillería que definen indubitablemente quiénes son los funcionarios responsables, entre ellos Néstor Popolizio y Hugo de Zela, canciller y vice canciller, respectivamente, del gobierno de Martín Vizcarra.

De modo que, si hubiera un poco de coherencia en el Perú, hace rato que cobraría sentido y vigencia el ACTA de marras, suscrita por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, donde también líricamente se puede leer lo siguiente:

“La corrupción es un fenómeno multidimensional y transversal, que se presenta en distintos niveles de la Administración Pública y que afecta a la gobernabilidad del país, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Por ello, para continuar con el propósito de conducir al país hacia un desarrollo económico inclusivo, resiliente y ambientalmente sustentable, es primordial seguir impulsando el fortalecimiento institucional que permita alcanzar un sistema sólido de gobernanza que enfrente y combata el flagelo de la corrupción.”

Por tanto, en puridad, si existiera la verdadera voluntad política y un sincero propósito de palingenesia, en este momento lo que debería ocurrir es que el ministro González Olaechea disponga medidas pertinentes y conducentes que sancionen a los autores de los complots, hasta llegar al más alto nivel y al fondo de la verdad de los complots armados desde el seno de la Cancillería, máxime cuando existen documentos oficiales sobre el rol desempeñado por el actual embajador del Perú en República Checa, Néstor Popolizio.

Ahí está, por ejemplo, el “Registro de mensajes de WhatsApp” de los diplomáticos comprometidos en el caso Quesada. Por si fuera poco, también está el otro documento denominado “Informe ORH-2020-UARD/MRE”, firmado por la jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, Fátima Trigoso, en cuyo ítem IV se indica que los infractores son el embajador Hugo de Zela Martínez (hoy en retiro), José Boza Orozco (fallecido en agosto del 2022); y el diplomático Pedro Rubín.

Pero en los actuados y a la luz de las declaraciones del propio José Boza, se indicó que todo el plan contra Fortunato Quesada se tejió bajo las órdenes del canciller vizcarrista de entonces. Además, un año después del agravio perpetrado contra los derechos humanos y laborales del embajador Quesada, es decir en el 2019, entre enero y abril, apareció otro tramado desde la cancillería, pero esta vez contra el asilo político del expresidente García, que habría incluido un enorme legajo conspirativo enviado al presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez.

En ese sentido, es necesario que se ponga sobre los hechos el ACTA DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, para que no quede como papel mojado en tinta, porque ahí señala que va a “fortalecer una cultura de integridad y ética pública en la Cancillería, que conlleve a los funcionarios y servidores de esta institución a actuar con probidad, respetando los valores instaurados en la entidad y los principios y deberes contemplados en el Código de Ética de la Función Pública y denunciando todo presunto acto de corrupción, conforme a la normatividad vigente”.

Sin embargo, existe otro documento que no puede quedar sin comentario. Es el escrito que el ministro González Olaechea dirigió el 8 de noviembre del 2023 a sus amigos y contactos en los medios de comunicación, en el cual dijo que “Debemos ser soldados defendiendo nuestros valores en procura de un país más justo, bien encaminado y siempre libre”.

No solo eso, sino que también acota en dicho escrito lo siguiente: “Desde Torre Tagle, entregaré todas mis capacidades y entereza practicando con el ejemplo y sin ofender a nadie, el correcto ejercicio de la función pública que el país merece. Aún más, siendo el Canciller de la República (…) “Como juré, será por Dios y por la Patria. (…) imprimiré mi sello institucional y muy activo como su conductor”.

En suma, estos dos documentos, el ACTA DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD (del 20-02-2024) y el Comunicado Personal de Javier González Olaechea (del 08-11-2023), deberían ponerse en práctica -realista y principistamente- con el objetivo de terminar con las argollas y las hipocresías que se volvieron moneda corriente en las gestiones de Oscar Maúrtua, Gustavo Meza Cuadra, Allan Wagner, Néstor Popolizio, César Landa  y Ana Cecilia Gervasi, de lo contrario no solo la derecha caviar otra vez terminará siendo furgón de cola de la izquierda caviar sino que lo más grave será que la violación a los derechos humanos y la impunidad se mantendrán per saecula saeculorum en ese portafolio del Ejecutivo, como en otros, y eso no es amar al Perú, país nuestro que transita en su hora de decisiones

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