Desde el inicio se observó que la investigación del Ministerio Público sobre la muerte de los jóvenes Inti y Bryan tuvo graves defectos. A la distancia de los hechos, podemos señalar que lo que terminó desacreditando la búsqueda de la verdad, fue el impulsivo odio político de fiscales y congresistas que convirtieron un emblemático caso en una cacería de brujas.
A diferencia de la Fiscalía, la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, tuvo mayor sobriedad, ya que aprobó el informe del congresista Alejandro Cavero, que recomendó archivar la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos contra el expresidente Manuel Merino, su Primer Ministro Flores-Araoz y el Ministro del Interior Rodríguez Limo.
En la actual coyuntura el trabajo de la comisión del Congreso es importante, porque sirve como una especie de antejuicio político, de esa manera el parlamento realiza un riguroso filtro. Es aquí donde la denuncia contra los tres exfuncionarios mencionados líneas arriba, es revisada minuciosamente, es decir, solo se aprueba lo que tiene fundamento sólido, y de la misma forma se rechaza las investigaciones o denuncias que no cuentan con argumentos legales. Curiosamente, el excesivo odio político encegueció a varios congresistas y fiscales que fueron sorprendidos por el ruido de los oportunistas de turno que siempre aparecen donde hay muerte y miseria.
A pesar de que la investigación sobre la muerte de Inti y Bryan se encuentra llena de defectos, un grupo de medios de comunicación con intereses subalternos, han venido desinformando sobre el caso. Este hecho que no es intencional, sino que, representa una muestra clara de la maquinaria caviar que en su momento hasta inventó una lista de desaparecidos. Para decirlo más claro, los caviares usaron a los medios y a los cadáveres de dos jóvenes para concretar su estadía en Palacio de Gobierno.
Ahora desde sus trincheras, algunos medios usan sus editoriales y portadas para hablar de un blindaje contra Ántero Flores-Aráoz, Manuel Merino y Gastón Rodriguez. Lo lamentable es que, a pesar del tiempo, el odio sigue latiendo. La opinión pública debe entender que la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales no ha blindado a los denunciados, más bien, a archivado una vergonzosa investigación que no cuenta con la rigurosidad ni seriedad que el caso amerita.
Recordemos que el propio periodista de investigación Ricardo Uceda, en su artículo que fue publicado el 12 de octubre de 2021 en el diario La República, señaló tajantemente que “El Ministerio Público no encontró elementos para atribuirles abuso de autoridad o desaparición forzada, ni tampoco indicios de que hubo órdenes desde Palacio de Gobierno para que la policía actuara impropiamente”.
En ese sentido, es imposible blindar a alguien de una investigación donde no se encontró nada. Aquí el Ministerio Público debe hacer su trabajo para ubicar a los verdaderos asesinos de Inti y Bryan. La pregunta es ¿la Fiscalía se atreverá a investigar a los manifestantes y políticos de izquierda que participaron activamente de las manifestaciones de noviembre de 2020? Lo dudamos, pero sería bueno que la Fiscalía se ponga a trabajar y comience nuevamente a revisar los videos de la fatídica noche. Así comenzar con los interrogatorios a los barristas que participaron de las protestas.
El país también necesita conocer la verdad y saber cada detalle de la movilización que terminó con la vida de dos jóvenes peruanos.
