Como por obra de arte la tierra se lo ‘tragó’ y desde entonces no se conoce información alguna sobre el paradero del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, en quien recae una investigación por colusión y organización criminal.
El Juzgado Supremo de Investigación indicó que la Organización Internacional de la Policía Criminal (OIPC Interpol) tiene vigente hasta el 10 de junio del año 2027 la notificación roja contra el ex funcionario de Pedro Castillo, quien se encuentra prófugo de la justicia.
“La alerta roja ha sido actualizada y se encuentra vigente hasta junio de 2027 o hasta que la autoridad judicial disponga lo contrario”, se lee en el documento firmado por Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria.
Silva, sobre quien recae una orden de prisión preventiva por 36 meses, reapareció en abril pasado desde la clandestinidad para rechazar las acusaciones que enfrenta. “Mi persona jamás ha participado en ninguna licitación pública del MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) ni de otra institución estatal”, dijo en un video de TikTok.
“¿Cómo puede haber organización criminal si está demostrado que mi persona con Pedro Castillo ha sido netamente laboral? Mi designación como ministro no obedece a ningún favor político”, siguió.
Después de desaparecer del ojo público, el Ministerio del Interior lo incluyó en la lista de los más buscados del Programa de Recompensas, que ofrece 50 mil soles por detalles de su paradero. La medida tampoco ha surtido efecto para encontrarlo, mientras la Fiscalía le atribuye la supuesta intención de copar la cartera que presidía con funcionarios afines que faciliten “direccionar los proyectos”.
La Corte Suprema ya ha declarado inadmisible un recurso de casación presentado por su defensa legal para anular el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva. En diálogo con el diario El Comercio, el abogado Jorge Castro sostuvo que su patrocinado se pondría a disposición de la justicia cuando se anule la orden judicial.
Según Checkley, “Castillo tuvo una participación clave” en estas “conductas ilícitas”. En tal sentido, señaló que el exgobernante enfrenta una probable pena de 32 años de cárcel.
El caso de Alejandro Sánchez y la Interpol
Contrario a lo ocurrido con Silva, Interpol negó en dos ocasiones activar la alerta roja para localizar y detener provisionalmente a Alejandro Sánchez, exasesor de Castillo y detenido la semana pasada por una patrulla fronteriza en Texas (Estados Unidos), cuando intentaba cruzar de manera ilegal.
Según el dominical Punto Final, desde noviembre del año pasado, Interpol Perú recibió una solicitud para emitir la notificación contra el empresario, sobre quien recae una orden de 30 meses de prisión preventiva. Sin embargo, la sede central en Lyon (Francia) señaló que el caso era “predominantemente político” y el pedido fue desestimado en febrero pasado en aplicación al artículo 3 de su estatuto.
Ese mismo mes, la justicia peruana volvió a elevar el requerimiento con pruebas e indicios contra el dueño de la casa de Sarratea —donde Castillo mantuvo reuniones extraoficiales para coordinar presuntos ilícitos—, pero Interpol volvió a rechazarlo en un oficio cursado solo hace unas semanas.