Política

Informe de la CIDH indica “graves violaciones” a los derechos humanos durante las protestas contra Dina Boluarte

Represión desmedida por parte del Estado, señala el informe, “podría calificarse como una masacre”.

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A diferencia de la década de los ochenta, cuando el Perú vivía épocas terribles a causa del terrorismo y no existía la inmediatez informativa, ahora, gracias a la tecnología, se pueden esclarecer con mayor precisión los abusos cometidos por ambos bandos, sean del propio gobierno o de los mismos delincuentes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló en su informe “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales” que 56 personas murieron y otras 912 quedaron heridas durante las manifestaciones que iniciaron para pedir una nueva Constitución, así como la salida de los congresistas y de Dina Boluarte como presidenta.

Estos ataques ocurrieron en el marco de 477 protestas que se realizaron entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, según información recabada por la Defensoría del Pueblo, que la CIDH consideró para su estudio.

También se contabilizaron 323 movilizaciones, 80 paralizaciones, 68 concentraciones y plantones, 6 vigilias, 45 marchas por la paz y al menos 68 hechos violentos.

Durante el periodo descrito, 2 bebés fallecieron porque no pudieron ser atendidos en centros de salud, ya que las carreteras se encontraban bloqueadas debido a las manifestaciones. Entre los fallecidos, también se reportaron 8 adolescentes y un policía que, según datos recibidos por la CIDH, apareció quemado.

En tanto, de las 912 personas heridas, 580 fueron miembros de las fuerzas del orden.

Morir por un país resquebrajado. Muchos de los fallecidos fueron victimados sin motivo, algunos solo transitaban por alguna convulsionada calle. Foto: Reuters.

La importancia de los medios de comunicación y la sociedad civil

Para conocer el contexto en el que personas fallecieron y quedaron heridas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró información sistematizada por la Defensoría del Pueblo y su Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. También empleó información de fuentes del Estado peruano, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

En esa línea, destacan que el 7 de diciembre de 2022, tras la detención de Pedro Castillo, se reportaron concentraciones en el frontis de la prefectura de Lima. Allí personas manifestaban para que liberen al exmandatario. Al mismo tiempo, otros ciudadanos pedían que no se cambie la Constitución.

En esa misma fecha, se realizaron protestas en Arequipa y partes del Perú. Al día siguiente, el 8 de diciembre, cerca de mil personas salieron a las calles de en Lima. Lo mismo ocurrió en Cajamarca, Trujillo, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Moquegua. También hubo bloqueo de carreteras.

El 9 de diciembre, en Lima, se reportaron confrontaciones afuera del Congreso entre personas que protestaban y la Policía Nacional del Perú (PNP). También bloqueos de carreteras en Lima y Arequipa. Fue en este contexto en el que Boluarte, como presidenta, anunció que evaluaría el adelanto de elecciones, una de las demandas de los manifestantes.

En Andahuaylas y Apurímac, el 10 de diciembre, se reportaron manifestaciones y hechos violentos entre ciudadanos y la Policía Nacional del Perú (PNP). También el secuestro de dos agentes y ataques contra entidades del sector justicia. Los ciudadanos tomaron la pista del aeropuerto de Huancabamba, Andahuaylas, Apurímac. De allí, 20 personas resultaron heridas, incluyendo 4 policías.

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