INDECOPI, ¿crimen organizado y conflicto de intereses?

Por Rafael Romero

Sabemos del esfuerzo que hacen funcionarios de buen talante y correcta moral frente a los otros, aquellos burócratas que usan el puesto para beneficiarse o beneficiar a grupos de interés. Pero, hay servidores de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que hacen esfuerzos denodados para enfrentar a quienes dejan mal al Estado peruano pues solo traen por tierra la gestión de calidad en el servicio.

Si esta columna contribuye a informar, empoderar y legitimar el trabajo de aquellos que abrazaron la función pública con vocación de servicio y emoción social, me daré por satisfecho, sobre todo en medio de esta lucha incesante por enfrentar a los poderes ocultos que generan injusticia e impunidad en Perú.

Ahí está el “Caso RBC Televisión” (Exp. N° 005-2020/CCO-INDECOPI), entre otros, y no sería extraño que funcionarios o ex funcionarios de INDECOPI estén metiendo su cuchara o dizque “buenos” oficios para entrampar más la devolución del emblemático Canal 11 a su legítimo propietario Ricardo Belmont Cassinelli, y todo esto como parte de un complot que dura más de ocho años.

Al respecto el lector puede ver la saga de cinco capítulos de la historia titulada “El Plan Siniestro contra RBC Televisión”, que inicia con el siguiente enlace web https://www.youtube.com/watch?v=H4vHVaHkTMQ, difundida del 01 al 05 de agosto del año pasado.

No obstante, sea en las áreas de Procedimientos Concursales, Barreras Burocráticas o Protección al Consumidor (por ejemplo, en esta área especializada está el Exp. 0553-2022/CC2), siendo lo evidente que pulula la falta de transparencia, la injusticia y el acomodo a los intereses privados antes que la sana defensa del ciudadano, de la salud pública, la verdad y el Estado de derecho.

Ahora bien, tras la publicación del artículo “El escándalo del pavo e INDECOPI bien gracias (https://limagris.com/el-escandalo-del-pavo-y-el-indecopi-bien-gracias/) la semana pasada, esta redacción recibe más quejas, reclamos y denuncias contra funcionarios del Estado, todas con un común denominador: que los órganos de control no siempre se anticipan a los eventos que mañana o más tarde terminarán por hundir el prestigio y la función de estratégicas de las entidades públicas.

Por eso escuchemos y pongamos atención a la labor que realizan ciudadanos desde sus funciones profesionales de periodistas, abogados o simples vigilantes de la moral pública. Por ejemplo, Uben Atoche Kong, quien fue consejero en el Consejo Nacional de Protección del Consumidor (CNPC) y es representante de la Asociación Internacional de Consumidores y Usuarios (AINCUS), señala que la concertación de precios del pavo es un caso abierto, no está concluido, y debería finalmente resolverse en provecho de los consumidores.

En ese contexto caben las siguientes preguntas: ¿La Sala debió detectar el error, enmendarlo y sentenciar favoreciendo la competencia y a los consumidores? ¿Por qué no lo hizo? Al final, ¿INDECOPI solo favoreció a los infractores? Y si eso fuera así, ¿aquello no se llama “desviación de poder”, máxime cuando la Sala acaso tiene precedentes de sus vínculos con la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), que son los denunciados? Es decir, ¿la Sala no tenía como vocal a una gerente de la SNI por diez años?

Obviamente que ha habido casos previos como el de Bimbo, ¿y en este tema se usó legislación extranjera para liberar de cualquier sanción a los responsables? Cómo olvidar una edición de finales de octubre del 2021 de “Hildebrandt en sus Trece” y su post correspondiente en Twitter (hoy X), en la época de Hania Pérez de Cuéllar dentro del INDECOPI.

Hoy Hania Pérez de Cuéllar es ministra de Estado en el sector Vivienda. El punto y la cuestión es: ¿Concertar precios no es un delito económico? Otra pregunta es: ¿Existe en este o en otros casos la figura de la organización criminal, dada su elaboración, desarrollo y objetivos alcanzados? ¿No merecen varios funcionarios de INDECOPI ser denunciados penalmente o ser retirados de las Salas?

Ese tuit del hebdomadario “Hildebrandt en sus Trece” decía lo siguiente: “En @ensustrece cuatro meses antes de que el @Indecopioficial fallara a favor de Bimbo, la ONG de derechos de los consumidores solicitó la destitución de Silvia Hooker Ortega. ¿Motivo? Descubrieron que estaba en la planilla de la Sociedad nacional de Industrias”.

Por otro lado, es grave también lo que dijo Gino Román, actual consejero en el Consejo Nacional de Protección al Consumidor, durante el desarrollo de la “Centésima Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria” de dicho Consejo, realizada el 20 de diciembre del año pasado, la misma que fue transmitida en por INDECOPI y cuyo enlace web es el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=R941t_9Dtmg.

Aquí el lector puede ver y oír los argumentos de Gino Román en medio de su denuncia directa sobre la persona de Carla Reyes Flores, señalando que es parte de una organización criminal dentro del Indecopi. Invito al lector a ver completo ese vídeo, pero con especial atención en las intervenciones de Gino Román, y lo más grave es que ante los hechos expuestos la citada funcionaria del INDECOPI no atinó a negar ni contradecir la imputación.

No hace mucho, debido a una serie de cuestionamientos, Molleda tuvo que inhibirse en el caso de RBC Televisión y su secretaria técnica Ortiz fue invitada a renunciar. Sobre ellos hay temas inconclusos que seguramente serán motivo de mayores y posteriores fiscalizaciones periodísticas.

En este caso, ya en la época de Paolo del Águila, y de sus secretarios Aquino y Elías Rojas, sucede que el desarrollo de sus gestiones no es del todo transparente y deberían de inmediato fiscalizar a una junta de acreedores cuestionada que conculca hace tiempo los derechos de RBC y de los trabajadores.

En el siguiente cuadro oficial del INDECOPI se aprecia que en materia Concursal solo hay 3 fiscalizaciones por realizar dentro del Plan Anual de Fiscalización del 2024 y que solo cuentan con un presupuesto de S/ 4,800. Una de esas tres fiscalizaciones tendría que ser la correspondiente al hijo de RBC que preside dicha junta de acreedores. ¿Procederá el INDECOPI con celeridad, imparcialidad, absoluta transparencia y apego a derecho?

Señor presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por donde se mire las cosas no andan muy sólidas en el INDECOPI, pues basta tomar nota de las críticas de Paolo Benza, Uben Atoche, Gino Román, entre otros, para darnos cuenta de que se deben poner todos los reflectores en esa entidad, sobre todo cuando existen casos de funcionarios como Eveling Roa Quispe, que tiene más de 10 años de secretaria técnica, mientras que su cónyuge es funcionario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), incluso otros familiares trabajan en varios Bancos privados.

¿Roa Quispe podrá ser imparcial si le llegan quejas o denuncias contra el sistema bancario y financiero? Además, los funcionarios de la SBS, como su esposo, ¿no reciben bonos de hasta S/ 84,000 que salen de los S/ 316 millones que los bancos dan a esa entidad estatal reguladora por concepto de “Aportes por Regulación”.