Inacción del Gobierno y el chantaje de los transportistas

El nuevo paro anunciado por un sector de transportistas para el 26, 27 y 28 de julio —en plenas Fiestas Patrias— revela no solo la profunda desesperación del gremio ante el avance del sicariato y la extorsión, sino también la desastrosa parálisis del gobierno de Dina Boluarte. La presidenta permanece indiferente, encerrada en su silencio político, mientras la violencia se apodera de las calles y el sistema de transporte se hunde en el caos.

La protesta realizada el miércoles 18 de junio, aunque con una participación reducida, expuso con claridad la sensación de abandono que enfrentan los transportistas. No es nuevo: los crímenes contra conductores se acumulan sin respuestas efectivas del Ejecutivo, y la extorsión es ya una ‘industria paralela’. Sin embargo, es inaceptable que, en respuesta a esa desprotección, los gremios opten por paralizar el país cuando les parece, afectando a miles de ciudadanos que también están atrapados en esta crisis.

Los usuarios —trabajadores, pacientes, estudiantes— son los primeros perjudicados por este tipo de medidas que, lejos de generar empatía, provocan rechazo. El transporte público no puede convertirse en un arma de presión política. La solución no es chantajear al país con paros estratégicos, sino exigir medidas reales sin bloquear la vida cotidiana de los demás.

Por su parte, Boluarte continúa como espectadora de un Estado que se desmorona. Su incapacidad para gestionar la seguridad ciudadana y liderar una estrategia articulada contra el crimen organizado ha hecho del país un campo fértil para mafias y extorsionadores. No solo ha perdido autoridad, sino también legitimidad.

En resumen, la responsabilidad política del Ejecutivo, hoy mal conducido por Boluarte Zegarra y la irresponsabilidad de los gremios transportistas forman una combinación peligrosa: un gobierno ausente y un sector que cree tener licencia para tomar las calles como rehenes. El Perú merece mucho más que esta asfixiante parálisis compartida.