Por Edwin A. Vegas Gallo
La sanción disciplinaria impuesta al ingeniero Oswaldo Flores OF, de seis meses sin goce de remuneración, por “grave afectación a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado”; es un claro ejemplo del Dilema del Prisionero; usado en la tipicidad del derecho penal, en el que uno dice “yo no fui” (Renato Guevara Carrasco RGC, entornillado Director Ejecutivo del IMARPE desde 2016), “fue el otro” (OF).
Ergo: a pesar de que RGC en su momento fue separado de su cargo, volviendo después, hoy se toma su revancha contra el ingeniero OF.
El argumento administrativo para sancionar a aquél, es traído de los cabellos y no está acorde con el derecho administrativo sancionador (Ley 27444 del Procedimiento Administrativo) y no es causal, por donde se le mire de sanción.
Más bien en la hipótesis no cierta, que el Ing. OF, “haya filtrado esos datos falsos de población de anchoveta”, para satisfacción y pesca plena de la SNP, merece nuestro respeto y hay que felicitarlo, por haberse ceñido al mandato constitucional nacional, que todos los ciudadanos debemos cumplir (artículos 66,67,68); relacionados con la conservación y uso sostenible, de los recursos biológicos, para el usufructo de esta generación y las que están por nacer; no para el lucro de tres empresas.
En cambio Guevara y colaboradores tendrán que enfrentar a la justicia del derecho ambiental penal, de acuerdo a la última modificación del código penal, sobre organización criminal. El Dilema del Prisionero, es muy cierto.
