Por Edwin A. Vegas Gallo
La modificatoria de la ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763), promovida desde la CONFIEP (Confederación Empresarial) con carta firmada por su presidente Alfonso Bustamante Canny al presidente del Congreso Alejandro Soto, el pasado 13 de diciembre y el cual en celeridad inusitada en 24 horas, agendó para el último pleno del año del pasado jueves 14 de diciembre, dicha modificatoria con su aprobación, por parte de 70 congresistas, sin un mínimo de análisis ambiental y en manifiesta contradicción jurídica contra el Principio Internacional de No Regresión Ambiental, de no legislar en peor, como es el falaz argumento de esta modificatoria, que propiciará, la Amazonía peruana se convierta en una gran sabana, como la africana.
Entre otros, de esos 70 congresistas violadores de la naturaleza amazónica, están: María del Carmen Alva, Barbarán, Rospigliosi, Amurúz, Chirinos, Lizarzaburu, Muñante, Williams, Tudela y Salhuana (que incluso tiene un proyecto de ley para hacer un corredor energético en pleno bosque amazónico); no hace más que confirmar que se legisla en función de los intereses empresariales, antes que el bien común de los nacionales.
Votación en evidente ausencia de fuentes de ética para la sostenibilidad, promoviendo conflicto de intereses con predominio de los económicos antes que los socios ambientales.
Leyes como esas no deben pasar, ni mucho menos aceptar la intromisión del gremio empresarial, en la gestión de los recursos naturales en contra de la política ambiental e internacional.
Una vez más se entiende con estas “violaciones”, el porqué a la renuencia de aprobar el Acuerdo de Escazú y mandarlo al archivo. Estos congresistas no dan puntada sin hilo.
