Defensores de la vida. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) expresó su rechazo hacia la aplicación de la eutanasia a Ana Estrada, la primera ciudadana en Perú en acceder a este procedimiento.
Los obispos de Perú, a través del CEP, han calificado de vulneración el “derecho inalienable a la vida”, subrayando que no existe justificación para terminar con la vida de una persona, independientemente de las circunstancias.
La Conferencia Episcopal, apoyándose en la reciente declaración Dignitas infinita del Vaticano, ha recordado la importancia de respetar la dignidad humana en todas sus etapas, incluso en los momentos más difíciles por enfermedad o condiciones degenerativas. Se ha enfatizado que la vida, como regalo divino, debe ser custodiada y no interrumpida de manera artificial. Además, se hace un eco de las palabras del Papa Francisco, quien ha calificado tanto la eutanasia como el suicidio asistido como “una derrota para todos”.
En este contexto, la iglesia peruana invita a una reflexión sobre la esperanza y la fe, incluso frente a situaciones complejas como la que enfrentó Estrada, recordando la creencia en la resurrección y la vida eterna.
Por otro lado, el Padre Augusto Meloni Navarro, sacerdote y médico con experiencia en la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha destacado la importancia de los cuidados paliativos y llamado a la oración por el alma de Estrada.
Ana Estrada, la primera peruana en recibir la eutanasia
El pasado domingo 21 de abril de 2024, Ana Estrada, psicóloga y activista por los derechos de una vida plena, ejerció su derecho a una muerte digna a los 47 años y accedió al procedimiento médico de eutanasia, informó a través de un comunicado la abogada de la paciente, Josefina Miró. “Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final”.
Cabe recordar que la Corte Superior de Justicia de Lima concedió a Ana Estrada, quién padecía una enfermedad que le dificultaba respirar y deglutir, el derecho a acceder a la eutanasia, marcando un precedente histórico en Perú.
En febrero de 2021, la decisión judicial eximió de culpa penal a los profesionales de salud que asistan en su procedimiento médico, una medida que luego sería confirmada por la Corte Suprema en julio de 2022.