Hernando Cevallos: “El caso de Morote es diferente… si quiere trabajar en el Estado tendrá que ser en algunas áreas donde estemos seguros que no va a hacer daño”

El último sábado, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, anunció como nuevo jale para su equipo técnico, al médico y excongresista Hernando Cevallos Flores.

“Lo que estamos haciendo ahora, lo que tiene que ver con la salud, el Dr. Hernando Cevallos está a cargo de ver y está en contacto con personalidades para ver de qué manera se encamina la pandemia”, añadió el profesor Castillo Terrones.

Cabe recordar, que Hernando Ismael Cevallos Flores, es médico y fue profesor universitario de la Universidad Nacional de Piura (UNP) Y además, fue congresista por Piura, por la agrupación Frente Amplio en el Parlamento de 2016, hasta el 30 de septiembre de 2019 y en aquel tiempo despachó como miembro de las comisiones de Trabajo, Salud, Constitución y Relaciones Exteriores.

Sin embargo, en mayo de 2018, un mes antes de que se publique la Ley Nº 30794 que establece no otorgar trabajo ni prestaciones de servicios en el Estado, a los que tengan condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos, Hernando Cevallos dio unas controvertidas declaraciones, luego de que el 17 de abril de ese mismo año el Poder judicial ordenó la salida de prisión para otorgarle arresto domiciliario al número 2 de Sendero Luminoso, el terrorista Omán Morote Barrionuevo, y en el Congreso ante los periodistas el exparlamentario dijo:

“Creo que el caso de Morote es diferente, porque en primer lugar hay un evidente protagonismo en hechos de sangre… de manera directa… si quiere trabajar en el Estado tendrá que trabajar pues, en algunas áreas donde estemos absolutamente seguros que no va a hacer daño. En todo caso (sic) tendríamos que haber un nivel de control, en qué áreas estratégicas pueden no trabajar. Pero ese es un tema que tendrá que reglamentarse, que lo tendrá que reglamentar el Congreso, que lo tendrá que reglamentar el Poder Judicial; pero hoy no existe ningún impedimento legal ni constitucional para que una persona que cumple su condena pueda trabajar”.  

Además, Cevallos afirmó que no existía una norma que impida laborar en el sector público a personas condenadas por terrorismo y añadió:

“He señalado que hay una norma constitucional que dice que independientemente del delito cometido, la persona debe reinsertarse a la sociedad”.