Hecha la ley, hecha la trampa

Foto: Peru21

Cuando estudié Gestión de Recursos Humanos me enseñaron que el trabajador era la fuerza vital dentro de la organización, y velar por su bienestar era importante ya que de él dependía el éxito o ruina de una empresa. En mi experiencia laboral vi sin embargo, que esta filosofía estaba trastocada. Que el trabajador, lejos de ser una pieza valiosa, no es más que una batería doble AA, reemplazable cuando se quiere, como se quiera, sin consideración o respeto alguno.

Yo pienso que la raíz de todo el problema es la endeble fiscalización del estado. Sé que ningún ex colega mío lo gritará a los 4 vientos, pero los que trabajamos en el departamento de Recursos Humanos sabemos que hay varias formas de driblear las inspecciones, varias maneras de condicionar al trabajador para que diga lo que queramos que diga y, si la multa es inminente, hay otras varias maneras de evitarla. El inspector del gobierno es, a menudo, tan corrupto como todo peruano.

Meter un billete de cien soles dentro del folder manila donde guarda la orden de inspección o llevarlo al comedor y servirle un delicioso almuerzo no debería ser un gran problema, menos conseguirle una “chambita” para su sobrino o ahijado. Y aún si esto no fuera cierto, el 85% de denuncias laborales nunca son atendidas. Punto. En cuanto al trabajador, existen formas de tenerlo sujeto del cuello, moviendo la rueda de la empresa hasta que ya no nos sea útil. Hubo una época en que a todos se les tenía bajo un contrato sujeto a modalidad, cuya duración máxima era tres años, luego de la cual se podía hacer una ampliación no mayor a 2 años. Luego lo botabas y llamabas a alguien más.

Siempre me conmovía el rostro del empleado al saber que todo ese amor y dedicación a su empresa era correspondido con la orden de cese el último día de su contrato. Pero si de ahorrar se trataba, se podía contratar a personas bajo el régimen de Formación Laboral Juvenil o Prácticas Pre-Profesionales, o ambas. Y a pesar de su vigencia por un año, vi casos en los cuales se tuvo a trabajadores realizando empleos tercerizados hasta por tres y cuatro años. ¿Hubo juicio? Sí, pero solo porque un trabajador se dio cuenta al reclamar –de casualidad- ciertos beneficios a la empresa donde trabajaba como tercerizado. ¿Cuántas denuncias más hubieron? Como cien. Todas fueron a juicio, ninguna se resolvió.

Los jóvenes trabajadores prefirieron aceptar un sencillo, un ripio, que mantener un juicio, que era como una carrera de largo aliento que terminó vaciando sus bolsillos. Puedes contratarlos por recibo, como trabajan la gran mayoría de jóvenes, o como part-time “a tiempo completo”. Y si no les gusta que se quejen. Entonces vendrá un inspector del gobierno, y el círculo infame estará completo. Ahora han sacado la ley 30288, ley que promete el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social. Y tras una breve revisión, fiel a mi antigua profesión, ya busqué muchas formas de sacarle la vuelta. Y sé que muchos ex colegas en muchas empresas estarán haciendo lo mismo, aunque ya ni siquiera importa.

Esta ley le está regalando a las empresas lo que tanto querían, pilas doble AA a bajo costo, explotables y reemplazables, y con menos descanso. El joven no se enferma, basta con que tenga su seguro social –que casi siempre está en huelga y apenas si puede atenderte-, el joven no reclama –al menos eso pensaba el gobierno hasta el día de ayer-, el joven no sabe nada. Y el estado, para promover esta norma, está ofreciendo beneficios generosos a las empresas.

Dicen que es para apoyar a los negocios emergentes, esos que están atiborrados de deudas bancarias en un país donde los bancos parecen ser los verdaderos dueños, mientras las grandes empresas, en comparación, parecen vivir en un paraíso fiscal; o dicen que quieren impulsar la carrera de un jóvenes, que hasta los 24 años trabajarán sin compensación por tiempo de servicios, ni gratificaciones para poder ahorrar para sus estudios universitarios o una maestría (porque sí, la ley también incluye a los universitarios), ni participación de las utilidades, que me parece lo más grave, sobre todo porque uno sabe cuáles son las utilidades de muchas de las grandes empresas de este país.

Con 750 soles de remuneración hasta los 24 años y sin beneficios sociales ni dinero que cubra su desempleo, me parece que lo que estamos creando es una gran red de cachueleo formalizado, de jóvenes que al fin tendrán una boleta de pago para estar a merced de los salvajes créditos bancarios, los cuales resultarán un mal necesario si es que el joven desea cierta calidad de vida. La ley dice que está prohibido cesar trabajadores antiguos sin causa justa para reemplazarlos por jóvenes. Cuando leí esa parte no pude evitar la sonrisa. ¿Y quién va a controlar que eso no suceda? ¿Un inspector del gobierno? Buscar una causa para cesar a alguien es casi un arte en mi antigua carrera, más aún si acaban de regalarte una bula dorada –con premio incluido- para que el 25% de tu planilla sea barata. Dicen que la ley es temporal. Lo creo. Como tantas otras leyes temporales que hasta ahora siguen prorrogándose.

Esta ley 30288 o ley “Pulpín”, como la están llamando, me parece que sirve en bandeja las cabezas de nuestra juventud a las empresas, incluso a aquellas que, a pesar de ser responsables con sus empleados, tendrán en sus manos la posibilidad de ejercer esta tiranía consentida. Ninguna de las recomendaciones que hizo la OIT en su publicación “Trabajo decente y juventud-Perú”, del año 2007 contempla la reducción de beneficios sociales en pos de la inserción laboral. Me parece entonces que ésta es una ley que esconde cadenas doradas, y está hecha no para el pueblo, sino para los inversionistas. Y un país que vulnera a su juventud y la sacrifica en pos del más crudo capitalismo, es un país sin futuro.