La ciberdelincuencia no descansa. Ahora, Inkafarma aparece en el ojo de la tormenta por una posible filtración de datos que habría expuesto información personal de casi 4 millones de clientes. Nombres, DNI, teléfonos, correos y fechas de nacimiento de millones de peruanos estarían circulando en la dark web, como si fueran simples listas de supermercado.
El Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) ha lanzado la alerta, indicando que los datos podrían haber sido robados el 6 de febrero. Y aquí surge la pregunta obvia: ¿si esto ocurrió a inicios de mes, por qué recién ahora nos enteramos? ¿Es que nadie en Inkafarma se dio cuenta antes o simplemente nos lo ocultaron para evitar el escándalo?
Ojo, Inkafarma ya respondió sobre el tema y confirmó el hackeo. No cabe duda que esto es un golpe brutal a la confianza digital en el país. Y no es que esto sea una sorpresa. Hace menos de un año, Interbank sufrió un ataque similar, con información de 3 millones de clientes filtrada. Y pese a toda la indignación pública, ¿qué cambió? Nada. Seguimos viendo empresas que manejan datos sensibles con una ligereza absurda, y un Estado que regula con la misma eficiencia con la que arregla pistas.
Pero lo mejor viene con la «solución» que nos da el gobierno: usen contraseñas complejas, cámbienlas seguido y no hagan clic en enlaces sospechosos. Aquí hay que ser claros: la protección de datos es una responsabilidad compartida. Cuando confiamos nuestra información a una empresa, lo hacemos bajo la idea de que sabrán resguardarla. No basta con decir que pongamos una clave difícil si al final los sistemas son vulnerables y las bases de datos se filtran igual. ¿De qué sirve tener la contraseña más robusta si la empresa que almacena nuestros datos la deja expuesta?
No se trata solo de que el usuario se proteja mejor. Se trata de que las empresas refuercen sus sistemas de seguridad y que el Estado las obligue a hacerlo. Hasta que no haya regulaciones más estrictas y sanciones ejemplares, seguiremos viendo estos escándalos una y otra vez.
