Hacinamiento en las cárceles del Perú, ¿construir más o privatizarlas?

Para nadie es un secreto que con un poco de contactos y unos buenos billetes de por medio un reo en nuestro país puede contar con ciertos beneficios en cualquier prisión, así sean de “máxima seguridad”; llegando a encontrárseles televisores de alta gama, celulares, botellas de licor, o hasta permitírsele el ingreso de damas de compañía.

Tampoco se puede tapar el sol con un dedo la inmensa población en esos centros penitenciarios, llegando a reportarse hasta un 350 % de su capacidad operacional; tal es el caso del penal de Lurigancho, prisión que sirve de claro ejemplo para constatar que el Estado no viene haciendo bien su tarea desde hace varios años.

Al respecto, algunos parlamentarios han presentado diferentes proyectos de ley para cambiar esa situación, o así es lo que indica en el papel. El más reciente ha sido el legislador Juan Carlos Lizarzaburu, quien ha vuelto a poner el foco en el antiguo penal San Juan Bautista, mejor conocido como ‘El Frontón’, ubicado en las costas del Callao.

De acuerdo al congresista de la bancada de Alianza para el Progreso, en esa isla serán llevados los procesados o condenados por violación, trata de personas, extorsión, secuestro y otros relacionados con el crimen organizado.

La finalidad de la misma, indica Lizarzaburu, será apartará a aquellos delincuentes considerados como altamente peligrosos de todo contacto con la sociedad.

¿Privatizar las cárceles?

Por su parte, en agosto del año pasado, el congresista Alejandro Cavero presentó un proyecto de ley para privatizar las prisiones del país. De acuerdo a su iniciativa 8563/ 2024-CR con delegar las cárceles al sector privado se busca “promover la inversión pública y privada en la construcción de establecimientos penitenciarios, a fin de fortalecer el sistema penitenciario nacional”.

El legislador de Avanza País sustenta su propuesta indicando que existe una sobre población del 130 %, en otras palabras, en las instituciones penitenciarias se tiene la capacidad solo de albergar a 41 mil reos, y en la realidad ya se va a alcanzar los 100 mil.

En esa misma línea, en enero de este año, el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) también se mostró a favor de privatizar los establecimientos penitenciarios bajo su PL n.° 9908/2024 –CR.

El parlamentario sustenta su iniciativa resaltando que no se viene cumpliendo la resocialización del reo debido a las condiciones dentro de los penales.

«Con este proyecto buscamos no solo aliviar la sobrepoblación, sino también garantizar que los internos tengan acceso a condiciones dignas y programas efectivos de rehabilitación», señaló.

¿La solución al problema?

Que se construyan 50 o 100 cárceles más podría considerarse una solución inmediata, sin embargo, se debe de tomar en cuenta el gasto que le corresponderá al Estado, teniendo que contratar más efectivos que resguarden el tanto el interior como el exterior de los centros penitenciarios, mantenimiento, alimentación, servicios de salud o atención psicológica. Tampoco se combatirá frontalmente el verdadero problema que es la delincuencia que nace desde los barrios más marginales del país, captándose a menores de edad para perpetrar robos o asesinatos.

Respecto a la privatización de las cárceles, el negocio de las empresas privadas consiste en cobrar un porcentaje por cada recluso, interesándoles que haya más delincuentes entre rejas que prevenir o frenar los actos delictivos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el primer país en privatizar las prisiones, su población carcelaria se incrementó entre 1999 y 2010 en un 80 %. Es decir, les interesan más a las empresas no estatales tener más prisioneros que verdaderamente resocializarlos.

Otro dato importante, Chile, un país que afronta un problema muy similar al Perú respecto a la delincuencia, su propuesta de concesionar las prisiones ha incrementado considerablemente el gasto público: hasta el 2004 se gastaba 11 dólares por interno y ahora implementado el sistema privatista eso se incrementó en 35 dólares. Tampoco se mencionan resultados positivos para el ciudadano que recupera su libertad.

En conclusión, el aspecto de fondo debería ser tener un sistema más preventivo, entendiéndose que el trabajo fuerte por parte del Estado es evitar que se comentan más delitos. ¿Y cómo se lograría eso? Haciendo que se respeten y cumplan las leyes ya establecidas, descartando de raíz cualquier intento de corrupción en los funcionarios, así como en los agentes que se encargan de administrar las cárceles.