Por Rafael Romero
Ante la gravedad de los hechos desleales y antijurídicos con los cuales RBC Televisión fue llevado al INDECOPI, por parte de R. Martín Belmont Vallarino, los legítimos y más antiguos trabajadores (hoy acreedores laborales), evalúan el inicio de acciones legales contra el otro grupo de acreedores que se habría prestado a este plan siniestro y perverso, no descartándose demandas civiles y penales contra los que resultarían cómplices del ocultamiento de bienes de la empresa.
Como se recuerda, hay un hecho de público conocimiento referido al papel que desempeña Martín Belmont Vallarino, aún al frente de la Junta de Acreedores, toda vez que ha sido sancionado por el INDECOPI conforme a la Resolución Nº 5132-2024/CCO-INDECOPI, es decir, se le castigó y multó porque “ocultó de manera intencional, a los acreedores y a la autoridad concursal, la existencia de bienes de Red Bicolor (de Comunicaciones S.A.A.)”.
Esta sanción es un hecho grave que lo descoloca y le hace perder la más absoluta credibilidad como administrador o cabeza de la televisora, mucho más cuando el propio INDECOPI señaló que actuó “con dolo”, es decir, con la intención de ocultar bienes de la empresa, por lo que no es la persona idónea para continuar en el cargo de presidente de la junta de acreedores ni como gerente general de RBC Televisión.
Sin embargo, él no habría actuado solo sino en combinación con otras personas. De manera que, frente a las responsabilidades administrativas y sanciones señaladas por el INDECOPI, individualizadas en el caso de Belmont Vallarino como presidente de la junta de acreedores, ahora resultaría que habría otros trabajadores que sí conocían el hecho doloso y que se prestaron a este juego sucio, por lo que contra ellos también se procedería legalmente.
Esto significa que ante la Fiscalía se van a sumar o se van a ampliar las denuncias penales, mucho más cuando hay carpetas abiertas en el Ministerio Público, siendo lo más recomendable para todos los acreedores laborales que se unan y pidan la remoción del sancionado Belmont Vallarino por el INDECOPI.
En tal sentido, para evitar que otras personas o terceros trabajadores queden en curso de esas denuncias e investigaciones, hoy debe primar la reflexión, la transparencia y la decisión de todos los acreedores laborales de RBC Televisión (VIVA TV), a fin de concretar una nueva junta para remover del cargo a quien, según el INDECOPI, le mintió a la autoridad concursal, le engañó a los propios trabajadores y a otras instituciones públicas y privadas del mercado nacional.
Esto es insoslayable, principalmente cuando el INDECOPI verificó que el actual administrador, en su condición de gerente general, bien pudo pagar las deudas con los ingresos que percibía con los servicios prestados, si es que no los hubiera desviado a sus empresas personales o si es que no hubiera ocultado los bienes de RBC Televisión.
Asimismo, el INDECOPI fue firme al tomar en cuenta que el “administrador es quien, conforme al artículo 61 de la LGPC, administra los bienes de la concursada; y es quien conoce sobre los ingresos obtenidos producto de sus operaciones comerciales y quien informa sobre su existencia a los acreedores y a la autoridad concursal”. Por lo que no podía ni debía mentir, ni ocultar ni desviar fondos a otras cuentas que no sean las de RBC Televisión.
Lamentablemente lo ha hecho vulnerando su propio y antojadizo plan de reestructuración patrimonial, habiendo faltado a su deber de defender el patrimonio de la empresa, causando daños y perjuicios a todos los acreedores.
En tal sentido, es menester que todos los acreedores tengan claro el problema, por ejemplo conociendo y valorando el ítem 60 de la resolución de sanción del INDECOPI contra Belmont Vallarino, cuando indica que “el ocultamiento de bienes de la concursada menoscaba la confianza de los agentes económicos partícipes de los procedimientos concursales, especialmente de los acreedores reconocidos en el procedimiento, toda vez que se ve afectado el patrimonio del deudor sobre el cual se pretende maximizar su valor”.
Conforme más trabajadores van conociendo dicha resolución, la indignación de los mismos crece; y antes de que un sector de acreedores laborales sea denunciado como cómplice, lo mejor es que se comprometa a cumplir la ley y respetar la verdad para que no se vean comprometidos en nuevas denuncias civiles y penales por estar permitiendo con sus acciones u omisiones la intención dolosa en el ocultamiento de bienes, máxime cuando la supuesta falencia de la empresa, llevada a fortiori ante el INDECOPI, es absolutamente contraria a la ley concursal, a la ética empresarial y constituye un vergonzoso hecho no generado por Ricardo Belmont Cassinelli, fundador del canal, por lo que no queda otra alternativa de que la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales o los trabajadores remuevan del cargo a quien todavía hace las veces de presidente de la junta de acreedores.