Por Fernando Casanova Garcés
Dina autoriza el ingreso de mil soldados gringos con armas de guerra: fusiles, lanzagranadas, morteros, bazucas, minas, botes, aviones y lo necesario para ¿ejercitar? a soldados y policías peruanos durante 6 meses… Todo ello en un contexto de dictadura donde por lo menos hay probadas dos masacres, más de 70 personas muertas y una movilización en ciernes denominada tercera toma de Lima.
Sobre el proceder del gobierno que lidera Boluarte se han pronunciado de manera uniforme organismos que defienden los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana, Amnistía Internacional o Human Rights Watch, coincidiendo en que las fuerzas del orden hicieron uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza, y que ello además se debió a una respuesta estatal deliberada, pero sobre todo coordinada y presidida por el gobierno.
En el extranjero tienen muy en claro que el gobierno ha intentado presentar a los fallecidos como delincuentes terroristas cuando sigue probándose que eran manifestantes, observadores y transeúntes (algunos menores de edad) que además pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, por lo que empieza a tomar fuerza la antes tímida teoría fiscal del genocidio en la figura de exterminio sistemático y premeditado de un grupo social por motivos raciales.
Como se dice, el gobierno ha impuesto la paz de los cementerios. No obstante, las protestas, la represión y la milicia gringa arribando al Callao no es lo único que alarma, es tenebroso cómo el Congreso de Keiko Fujimori ha ido haciéndose del poder gracias a la ayuda de una Fiscalía sometida a las élites financieras y a la propia presidenta, quien intenta burlescamente aparentar que gobierna frente a encuestas que más que desaprobarla confirman el repudio de las grandes mayorías y que tornan imposible, por ejemplo, ver a la señora pisar el sur sin la escolta élite de seguridad del Estado.
Ayer, la Confederación Gremial de Trabajadores del Perú – CGTP, la fuerza sindical agrupada más grande del país, denuncia a Dina Boluarte y pretenden que caiga sobre ella una cadena perpetua. Culpan a la Confiep y al oligopolio bancario de la precarización laboral, la elevación espumante del costo de vida y la pandemia de corrupción normalizada en todo espacio de la vida peruana. Mientras, volvemos a batir el record de la parca con la mayor cantidad de muertes por millón debido al dengue23 y la ministra de salud intenta convencernos que su sector está al nivel de Suiza.
El descontento generalizado lo maceran la arrogancia carnicera de Otárola, el sicariato congresal simiesco de los Montoya, la televisión letrina y pornógrafa de los Wong y el anuncio apocalíptico del niño global para este noviembre. Brasil ha prohibido por Decreto la venta de armas al Perú debido a las 70 muertes, en Colombia su presidente ha llamado Nazis a las tropas de Boluarte y México retira a su embajador quien denuncia una dictadura sanguinaria en el Perú. A su turno, la oligarquía no deja de soñar una república sin indios, han convertido al hombre andino en invasor de su propia tierra, sonríen cual Nerones frente al colapso social y celebran las nítidas fotografías de Dina al lado de Lisa Kenna, embajadora de EEUU y “ex” agente de la CIA. El que quiera entender, que entienda.
