El Poder Ejecutivo, a través de la presidenta Dina Boluarte, firmó la autógrafa de ley que autoriza a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) utilizar sus armas de fuego en situaciones de flagrante delito, cuando se ponga en peligro la vida de los agentes policiales o de otras personas. Situación que genera desconcierto, tomando en cuenta que ya existen leyes que protegen a los policías y que los eximen de responsabilidad penal, en caso que hagan uso de sus armas de fuego, durante un hecho de flagrancia contra criminales que pretendan atentar contra sus vidas y/o la de terceros.
Boluarte Zegarra firmó la autógrafa, luego de que el Pleno del Congreso aprobara el dictamen de los proyectos de ley n.° 5239/2022-CR y 6531/2023-CR, los cuales proponen modificar el Decreto Legislativo 1186°, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El acto se realizó en el denominado “Cuartel de Guerra”, y junto a la mandataria estuvieron presentes parlamentarios, altos mandos de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y ministros de Estado, entre ellos el titular del Interior, Julio Díaz Zulueta.
Boluarte Zegarra aseveró que, con esta nueva norma, se acabará con dispositivos que priorizaban la vida del delincuente por encima de la de los miembros de la Policía.
“La democracia no puede ceder ante el miedo ni retroceder frente al crimen. Esta ley marca un antes y un después. Es el primer gran paso para proteger a nuestra Policía y, con ello, restablecer el verdadero Estado de derecho”, afirmó la mandataria. Asimismo, según su criterio, esta ley pone “fin a las leyes que durante años han priorizado la vida del criminal”, sostuvo la mandataria.
La ley establece que los medios autorizados para la PNP, proporcionados por el Estado, incluyen tanto armas letales como no letales, equipos y accesorios que el personal policial emplea para enfrentar amenazas que pongan en riesgo la seguridad pública o la integridad de las personas. Es decir, si un policía en una intervención se enfrenta a armas de fuego, armas letales inoperativas o elementos que representen una amenaza evidente para su vida o la de otras personas, éste podrá abatir al agresor en el lugar de los hechos, considerando la acción como legítima defensa.
