Política
Gobierno promulga ley para que los partidos políticos vuelvan a tener financiamiento privado [VIDEO]
Ley 31254 indica que aportes no deben superar las 200 UIT por aportante, y las mismas se deben de encontrar bancarizadas.
El Congreso hace lo que se le da la gana y al parecer ninguno de sus representantes puede hacer algo por cambiarlo. Este último viernes, la jefa de Estado, Dina Boluarte, promulgó la ley 31254 que restituye el financiamiento privado de personas jurídicas a los partidos políticos.
La medida busca regular los aportes de estas entidades y establecer disposiciones específicas para el uso del financiamiento público.
Dicha norma modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, específicamente los 29, 30 y 31, respecto al financiamiento público directo, financiamiento privado, y sobre las fuentes de financiamiento ilegal.
Respecto al financiamiento privado, precisa que las organizaciones políticas “pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la financiación privada”.
Ello, mediante las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural y persona jurídica nacional, incluido el uso de inmuebles, a título gratuito, no superen en un año calendario el equivalente a 200 unidades impositivas tributarias por aportante para cada organización política.
“En ningún caso un aportante puede aportar más de 500 unidades impositivas tributarias (UIT) al año – es decir, 2.67 millones de soles-, sin importar el número de organizaciones políticas a las que aporte”, refiere.
En las disposiciones complementarias finales, se establece que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deberá adaptar sus procedimientos internos y la normativa reglamentaria relacionada dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de la ley.
Asimismo, se indica que la ONPE, en colaboración con el Banco de la Nación y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, debe emitir las normas correspondientes para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30-C sobre las contribuciones a través de la entidad financiera estatal.
Como se recuerda, hasta el año 2018 las empresas privadas podían financiar campañas políticas; sin embargo, la norma se modificó tras revelarse el caso Lava Jato en el Perú.