Tras la revelación de la efectividad de algunas vacunas procedentes de China, el Gobierno Central se va preparando para afrontar las consecuencias. No lo dicen de manera directa pero esta medida servirá para asumir su responsabilidad por la compra de las vacunas chinas.
Ante ello, el Gobierno indemnizará hasta con 930 nuevos soles (equivalente a una remuneración mínima vital RMV en la actualidad) a toda aquella persona que presente efectos adversos presuntamente atribuidos por la vacunación contra el Covid-19, las cuales necesariamente tuvieron que haber sido inoculadas dentro de territorio peruano.
Según Decreto de Urgencia Nº 031-2021, publicado en edición extraordinaria de El Peruano, la medida aplicará a las personas inmunizadas con alguna de los inyectables adquiridos por el Ministerio de Salud (Minsa).
Para ello, el ministerio creará un comité encargado de emitir informes que determine la existencia o inexistencia del nexo causal entre el efecto severo y alguna de las vacunas; tomando como referencia la evidencia científica médica publicada.
El informe no es susceptible de impugnación administrativa alguna. Sin embargo, el titular del derecho de acción puede interponer la acción contencioso-administrativa ante el Poder Judicial de verse afectado por el resultado de este documento.
El informe también determinará que la persona afectada tenga derecho a:
- La continuidad de la cobertura por la Institución Administradora de Fondo de Aseguramiento en Salud – IAFA pública al que estuviera afiliada, o por la IAFA privada según el marco normativo vigente. Las personas que no cuentan con un seguro de salud son afiliadas inmediatamente al Seguro Integral de Salud (SIS).
- El pago de la indemnización el cual es determinado por los órganos que establezca el titular del Minsa como primera y segunda instancia administrativa. La determinación de la indemnización no requiere evaluación sobre negligencia o defecto de la vacuna.
El monto de la indemnización será calculado sobre el 100% de la RMV vigente al momento de la determinación del efecto severo.
La norma precisa que la indemnización que se otorgue no es excluyente de cualquier otra prestación económica a la que pueda acceder la persona afectada de acuerdo con la normatividad aplicable que se origine en contratos o afiliaciones a seguros.
El Poder Ejecutivo emitirá en un plazo no mayor de 60 días calendarios las normas complementarias; esto para una mejor aplicación de lo dispuesto en el presente decreto de urgencia. Esta disposición tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2022.
