Gobierno oficializa vergonzoso Reglamento de ley que perjudicará a los consumidores de alimentos

Hoy se acaba de publicar en el diario oficial el reglamento de la Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes (Ley N° 30021), luego de cuatro años de su promulgación por el gobierno nacionalista en mayo de 2013.

Sin embargo, el gobierno le ha sacado la vuelta a la propia ley a través de este reglamento que lo único que ha conseguido es cambiar la legitima propuesta del ministerio de salud que desde un principio planteó etiquetar con advertencias visibles a los productos alimenticios altos en azúcar, grasas, y sal, todo ello de acuerdo a los parámetros establecidos por la OPS (Organización Panamericana de la Salud) una entidad multisectorial que a través de sus expertos determinó los índices pertinentes de consumo de aquellos ingredientes que puedan resultar nocivos para la salud.

Pero una vez más el gobierno del presidente PPK cedió ante los intereses de la clase industrial que desde un principio salió a protestar, generando así fuertes presiones a los ministros de estado, y al grupo oficialista del parlamento; de ahí que la propia bancada de Peruanos por el Cambio presentó un proyecto de ley que flexibilizaba las rigurosidades que exige la Ley N° 30021; de manera que contradecía a la misma.

Dicha iniciativa legislativa (proyecto de ley 865/2016-CR) fue ingresada por el congresista Salvador Heresi, que simplemente pretendía cautelar y defender el consumo de comida chatarra en los colegios de educación primaria y secundaria, para asegurar la venta de los alimentos procesados, en desmedro de los alimentos y bebidas naturales y saludables.

Coca Cola en Ecuador.

Es importante que la opinión publica sepa que la cruzada pro-chatarra y anti-saludable, presentada por la bancada oficialista, fue firmada por ocho parlamentarios del oficialismo, entre ellos Carlos Bruce, y la propia Mercedes Aráoz.

Con respecto al reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2017-SA, publicado hoy en el boletín de Normas Legales y que aún no entra en vigencia; este consta de 16 artículos y 8 disposiciones complementarias dentro de 6 capítulos, y fue firmada por el presidente PPK, el premier Fernando Zavala; y como era de esperarse por los ministros de economía Alfredo Thorne; el de Producción Pedro Olaechea; de Educación Marilú Martens; de Desarrollo e Inclusión Social Cayetana Aljovín; de Salud Patricia García; y por el gran defensor de los empresarios, que desde el principio dio el grito en el cielo por la inicial Ley 30021, el titular de Comercio Exterior y Turismo Eduardo Ferreyros.

Sin duda, el sector industrial que es el gran aliado del gobierno “tecnócrata” de PPK ha sido el más favorecido con el reglamento; porque con la norma se establecerán otros parámetros para definir qué alimentos son altos en grasas, sodio y azucares; y no se respetarán los parámetros de la OPS.

Lo más vergonzoso, es el plazo que se ha planteado para su total cumplimiento, que es de cuatro años y medio.

Diferente es la regulación normativa en países como Chile y Ecuador, donde es una obligación que los alimentos y bebidas que se expenden en los establecimientos muestren en sus etiquetas advertencias de dimensiones relevantes donde se lea: alto en azúcar; en sal y/o en grasas saturadas.

En chile. Foto Jaime Serra.

Lo que ha hecho el gobierno de PPK es darle una cachetada a los consumidores peruanos, sin importarles la salud pública; y a pesar de la burla del grupo Gloria contra los peruanos, a este gobierno solo le importa favorecer a la gran empresa (no olvidar su favorecimiento al Consorcio Kuntur Wasi en el caso aeropuerto de Chinchero), y esta vez se ha puesto de rodillas ante la SNI (Sociedad Nacional de Industrias) que desde el principio entró en una feroz contienda contra la referida ley.

A menos de un año de gobierno, el actual régimen que es neófito en manejo político cada vez más se encuentra a la deriva, sin ejercer un verdadero plan nacional de control de prioridades ante los problemas nacionales, y aún no encuentra la forma de poder comulgar con el Poder Legislativo a través de una verdadera gobernabilidad.

Una vez más, el comercio y la industria le ganaron a la salud de los peruanos con este reglamento que ha sido desnaturalizado, ya que la única finalidad de la Ley N° 30021 es proteger precisamente la salud de ellos. Felizmente, asociaciones civiles como ASPEC (Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios) ya dieron su voz de protesta, y se encuentran coordinando con otras asociaciones pro derechos de los consumidores, acciones concretas para alertar a la población y al Congreso de la república para observar el nuevo reglamento.