Este es un gobierno macabro, cuyos ministros liderados por Adrianzén asumieron con una frialdad calculada los casos en Pataz, revelando así su verdadero rostro que vive a años luz de la realidad de la inseguridad y el terror en el que vivimos en Perú.
Las víctimas del terrorismo en Pataz desaparecieron el 25 de abril, pero hasta hace pocos días tanto el primer ministro Adrianzén como la Policía ponían en duda que se tratara realmente de un secuestro. Este domingo, todas las suspicacias quedaron borradas con una imagen devastadora: trece cuerpos sin vida, desnudos y atados, hallados en lo profundo de un socavón en la localidad de Pataz, región La Libertad. Asesinados y expuestos en redes sociales como si los terroristas no le tuvieran miedo al Estado, representan un escenario que no admite negaciones ni minimizaciones. Es, en sí mismo, el retrato del fracaso estatal frente a la desolación.
¿Cuántos cadáveres necesitan para llamarlo «terrorismo»? ¿Acaso asumimos pasivamente que el terrorismo tome más terreno?
Lo que ocurre en Pataz no es distinto al terrorismo que asoló nuestro país en décadas pasadas. Pero mientras a Sendero Luminoso lo llamábamos por su nombre —terrorismo/ terroristas —, a estas bandas criminales las denominan: «Minería ilegal», «delincuencia organizada». Palabras que diluyen el horror. Esto también es terrorismo: el sistemático uso del miedo y la violencia para controlar un territorio y sus recursos. La única diferencia es que ahora el móvil no es ideológico sino económico. Pero las tumbas son iguales, las lágrimas tienen el mismo sabor, y el Estado sigue repitiendo los errores del pasado: negar, minimizar, reaccionar tarde.
La minimización de la tragedia de Pataz no es un error de comunicación. Es una estrategia deliberada de un gabinete que prefiere maquillar la realidad antes que afrontarla con valentía. Un gabinete que teme más a las estadísticas negativas que a las vidas perdidas en los socavones o las calles olvidadas del Perú.
¿Hay mayor insulto para las familias de las víctimas que escuchar al Ministro del Interior, en poses electorales, hablar de su supuesta entrega al país o reducirlos a estos terroristas al eufemismo de “delincuencia organizada”?
La metáfora es perfecta: el gabinete ministerial es como ese médico que diagnostica un resfriado al paciente que se desangra. Minimiza los síntomas, receta paracetamol y se indigna cuando le reclaman por la muerte que no supo prever.
Los tres ministros —Primer Ministro, Defensa e Interior— comparten una característica: ninguno ha dormido una sola noche en Pataz. Ninguno ha escuchado los disparos que interrumpen el sueño de familias enteras. Ninguno ha tenido que pagar cupos para poder trabajar. Desde sus torres de marfil, la violencia es una estadística; desde Pataz, es el pan de cada día.
REINFO es solo una pieza del rompecabezas. Mientras este mecanismo permite blanquear oro manchado de sangre, son los ministros quienes, con su inacción y minimización, otorgan la verdadera licencia para matar.
El Primer Ministro está obligado a explicarle personalmente a los huérfanos de Pataz, por qué su inacción cómplice. Esta no es solo la historia de un gabinete inepto. Es el reflejo de una clase política que ha normalizado la muerte en ciertas regiones del país, como si existieran zonas donde la vida vale menos.
Las consecuencias están a la vista. Un Estado ausente. Unos ministros que minimizan. Un REINFO que legaliza lo ilegal. Y Pataz que sigue sangrando mientras Lima sigue ignorando.
Las familias de Pataz no necesitan más conferencias de prensa. Necesitan ministros que dejen de minimizar y empiecen a maximizar la protección de sus derechos fundamentales. Renuncia o censura: señores congresistas, está en sus manos cambiar el rumbo.
Sostener la continuidad de este gabinete es asumir que el abandono y la indiferencia no son solo errores: es cederle paso al terrorismo, entregarle el país a la barbarie y condenar a regiones enteras al olvido y la muerte.
