Gobierno declara estado de emergencia en todo Trujillo por creciente ola delincuencial [VIDEO]

Todo Trujillo en emergencia porque el propio Gobierno Central lo dejó pasar durante varios años. Sicariato, extorsiones, venta ilegal de armas, trata de personas, cobro de cupos, enfrentamientos con mineros ilegales que quieren adueñarse de todo ese territorio: Trujillo parece una provincia abandonada a su suerte.

Ante este terrible panorama, el Gobierno de Dina Boluarte, declaró ayer el estado de emergencia en la capital del departamento de La Libertad, Trujillo, así como en la provincia de Pataz, donde las Fuerzas Armadas, en coordinaciones con la Policía Nacional del Perú (PNP) tomarán el control ante la “creciente ola de criminalidad impulsada principalmente por la minería ilegal”.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, precisó que la medida se extenderá por 60 días y, durante ese período, los eventos sociales y espectáculos quedarán prohibidos desde las 00:00 horas hasta las 4:00 horas “hasta combatir la ola delincuencial”.

“El año pasado ha habido más de 30 mil delitos en Trujillo, 11 mil por hurtos y robos en toda la provincia. Este 2024 se produce casi una muerte por día; en consecuencia, existe una serie de bandas y organizaciones criminales que vienen haciendo daño, especialmente a las zonas más densas”, indicó el premier antes de precisar que el orden interno en esta jurisdicción estará a cargo de la PNP con apoyo de las Fuerzas Armadas.

“En Pataz, hemos visto con estupor cómo se ha ejecutado el sabotaje a siete torres de alta tensión, atentados con dinamita y crecimiento descontrolado de la minería ilegal. Enfrentamos a más de 20 bandas organizadas que se mueven en torno al comercio del oro. Hemos encontrado la peor expresión […] de la seguridad ciudadana: extorsiones, explotación laboral y sexual, proxenetismo, tráfico de armas, tráfico de insumos químicos”, describió a continuación.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, indicó que la declaratoria en Pataz es inédita. “A diferencia de otras [medidas], el control del orden interno pasará a manos de las FF. AA. con apoyo de la PNP, en aplicación a los decretos legislativos N.º 1095 y N.º 1136. La decisión está plenamente justificada por presencia de bandas organizadas relacionadas con la minería ilegal que han perpetrado actos de terror”, señaló.

El titular admitió que los grupos criminales que controlan esta provincia emplean “armamento de largo alcance y superan las características de la delincuencia común que enfrenta la PNP de manera habitual”, por lo que el Ejecutivo “debe responder con toda su fuerza”.

“Quedan notificadas las organizaciones y bandas criminales en Pataz que al Estado peruano no le temblará la mano para enfrentarlos y neutralizarlos. Ni en Pataz ni en ninguna otra parte del territorio nacional se tolerará bajo ninguna circunstancia que se produzcan actos de manera impune. En Perú no existen zonas liberadas”, aseveró.