Gobierno de Vizcarra gastó más de S/. 1,000 millones en órdenes de servicios

Si bien, en el quinquenio del presidente Ollanta Humala se decretó la Ley de Contrataciones Nº 30225 que definía las condiciones para contratar con el Estado, en el gobierno de Martín Vizcarra se aprobó el Texto Único Ordenado Decreto Supremo Nº 082-2019-EF. Y hoy podemos vislumbrar que el actual régimen aprovechó cada texto de los preceptos de esta ley para asegurar miles de órdenes de servicios que favorecieron hasta por S/. 1,100 millones de soles a los amigos del círculo cercano de Palacio de Gobierno.

En teoría, la finalidad de la ley señala que las contrataciones de servicios deben permitir el cumplimiento de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Y entre sus principios se resalta la libertad de concurrencia, porque se promueve el libre acceso y participación de los proveedores debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. También se hace referencia a una igualdad de trato, porque queda prohibida la existencia de privilegios o ventajas, así como la transparencia absoluta. Asimismo, se habla de equidad porque dizque se debe guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad. Es decir, hay toda una verborrea que se ufana de ética, pero que suena inverosímil y que incluso advierte que para contratar con el Estado existen muchas oportunidades porque está garantizada la transparencia y la probidad.

No se puede hablar de transparencia cuando hoy se ha descubierto que hay otros miles de Richard Swing que han realizado un festín económico en varios ministerios del gobierno.

En esa línea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el que lidera el ranking del derroche porque ha desembolsado la enorme suma de S/. 436`500,966 millones desde 2018 hasta julio de este año para contratar a funcionarios a dedo, así como innumerables órdenes de servicios. Le sigue el Ministerio de Educación, al mando del cuestionado Martín Benavides que ha derrochado S/. 422`209,076 millones para colocar en puestos de trabajos a los amigos del entorno presidencial. Y como ya es habitual, el Ministerio de Cultura que no solo albergó a un coach sapiencial motivacional como Richard Cisneros Carballido, sino, a otros “proveedores de servicios” por un total de S/.129`998,685 millones. Pero el Ministerio de Vivienda tampoco se quedó atrás, porque realizó un desembolso de S/. 113`277,260 millones para favorecer órdenes de servicios desde 2018 hasta julio de 2020.

Asimismo, el Despacho Presidencial desde julio de 2018 hasta julio de este año destinó S/. 5`276,734.61 millones para contratar a personas naturales sin mayores filtros. De la misma forma Petroperú gastó S/. 6,476,188 millones en ese tipo de contrataciones por cifras menores a 8 UIT con el objetivo de evadir los procesos de selección.  

Ahora bien, en toda esta lluvia de millones de contrataciones destinadas a los amigos del entorno presidencial existe un patrón común que ha sido la clave para que los mandamases de los ministerios hayan otorgado órdenes de servicios; prescindiendo así de licitaciones públicas, concurso público, y comparación de precios.

Aquel punto en común que sirve como la llave que abre todas las puertas del Estado, obedece a dos métodos de contrataciones que se denominan contratación directa y selección de consultores individuales.

Precisamente, en los últimos dos años los ministerios han realizado esas dos modalidades, porque la ley de contrataciones ahora permite realizar órdenes de servicios de forma directa sin concurso, ni licitación en caso que el servicio de cada proveedor no sobrepase las 8 UIT que son equivalentes a S/. 34,400 soles. Es decir, esas órdenes de servicios han sido utilizadas a la medida de los “proveedores” de turno.

Ante ello cabe la pregunta ¿Por qué cada orden de servicio de Richard Swing no sobrepasó los S/. 34,400 soles? Justamente, su contratación más costosa ascendió a S/. 33,400 y ésta se dio antes que empezara la cuarentena el 12 de febrero de este año; es decir, fue menor que el monto de ocho Unidades Impositivas Tributarias y al no sobrepasarlas simplemente todo quedaba en conformidad. En ese sentido, la consigna siempre fue que los montos de los contratos sean menores de 8 UIT.  

Aquí el articulo de la ley de contrataciones que ha coadyuvado a que se realicen órdenes de servicios con montos menores de ocho Unidades Impositivas Tributarias:

Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OSCE

5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley:

a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción.

Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.

En resumidas cuentas, han utilizado inadecuadamente las normas de contrataciones con el Estado para favorecer con puestos de trabajos a parientes de funcionarios cercanos al despacho presidencial, así como a allegados del gobierno para evadir la Ley Servir que es la que regula y fiscaliza al empleado público. 

Entre tanto, hace unas semanas la Comisión de Fiscalización del Congreso citó al mandatario para que responda por las extrañas órdenes de servicios de personajes como Richard Swing, así como, por otras contrataciones de gente ligada a su entorno de confianza más cercano. Sin embargo, éste se negó a asistir y dio una conferencia de prensa donde afirmó que responderá a todos los cuestionamientos sobre el caso del coach sapiencial motivacional con un ánimo de transparencia y también esbozó que su gobierno no tiene nada que esconder y aprovechó para pedir que el Congreso no se enfoque en un solo contrato; sino, en las otras 40 mil ordenes de servicios que existen en el ministerio de Cultura. No obstante, agregó que sus respuestas las iba a hacer por escrito porque consideró que no tenía la obligación de hacerlo presencialmente.

Finalmente, la Comisión de Fiscalización del Congreso ya emitió un informe preliminar que revela que, entre los ministerios de Transportes, Educación, Cultura, y Vivienda se ha gastado más de S/.1,100 millones en contrataciones que han sido diseñadas a dedo a la medida de los supuestos beneficiados y que desde el punto de vista administrativo no se habría utilizado adecuadamente la ley y que más bien se incidió indiscriminadamente en órdenes de servicios de personas naturales con montos menores de ocho UIT, para evadir de esa forma el debido proceso, a través de términos de referencias (TdR) insustentables.

Lo cierto es que esto terminará muy mal… tarde o temprano, pero terminará muy mal.