Con su dinero no es. El Gobierno de Dina Boluarte decidió otorgar la buena pro en favor de la defensa legal del ex presidente Ollanta Humala Tasso, quien afronta una serie de investigaciones en su contra por el caso Odebrecht. Cabe mencionar que esta decisión se adoptó el pasado 1 de abril del año en curso, a través de la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial.
Según la información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), el abogado Edinson Huamán Chacón,será el encargado de brindar la asesoría legal al expresidente, a quien se le investiga por presuntos actos de corrupción durante su gestión entre los años 2011-2016.
De acuerdo con el texto del otorgamiento de la buena pro, el letrado Huamán Chacón cumple con los requisitos establecidos por la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial para que pueda ejercer la defensa legal de Humala Tasso,los cuales precisan que el abogado del exmandatario presente sus respectivas declaraciones juradas en las que manifieste que se encuentra colegiado y habilitado.
Adicional a ello, debe contar con experiencia en asesoría y defensa legal en materia penal o procesal no menor a tres años, la cual habría sido comprobada a través de las constancias o certificados que Edinson Huamán Chacón presentó ante la referida área del Ejecutivo. Además, también poseer estudios de especialización en las mencionadas materias.
«De la revisión de la oferta presentada, se verificó que la oferta cumple con la documentación obligatoria requerida para su admisión (…) Se verificó que la misma consta de la documentación obligatoria y cumple con los términos de referencia, de acuerdo con lo señalado en las bases (…) Así también; se efectúa la revisión del precio de la oferta, verificándose que esta asciende a S/291.600», se indica.
Ollanta Humala y sus procesos en los casos Odebrecht y Lava Jato
Como es de conocimiento público, la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó que el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, paguen más de 22 millones de soles por daños al Estado peruano debido al caso Centro de Convenciones Lima y 1,8 millones de dólares adicionales.
El organismo a cargo de los casos Odebrecht y Lava Jato especificó que el pago de 22,9 millones de soles se debe al daño patrimonial al país, derivado de pagos indebidos y el no cobro de penalidades. Además, solicitó una compensación de 1,8 millones de dólares por el daño extrapatrimonial relacionado con el impacto negativo a la reputación del Estado.