Mientras todos se alistaban para recibir el Año Nuevo, el pasado 31 de diciembre el gobierno de Dina Boluarte cambió los indicadores de medición de la pobreza. A través del Decreto Supremo N.° 014-2024 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se dispone que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) evalúe la pobreza multidimensional en el Perú mediante un único índice y tablero de control que agrupe carencias en servicios esenciales como salud, vivienda, educación y seguridad.
A pesar de que ya existía un sistema con ocho dimensiones y 29 indicadores, ahora se centraliza esta medición en un solo indicador. Además, se establece que los resultados correspondientes al año 2023 serán publicados en febrero de 2025, mientras que los de 2024 se revelarán en mayo de ese mismo año. Los datos se divulgarán anualmente tras la revisión de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza.
La medida ha generado críticas por parte de expertos en gestión público, como Karla Gavino, quien, en diálogo con el diario La República, señaló que es antitécnica y apresurada. Gavino subraya que el INEI, como organismo autónomo, debería diseñar su propia metodología de medición, ya que depender de lineamientos impuestos por el Midis plantea conflictos de interés, comprometiendo la imparcialidad y transparencia de los resultados.
Esta situación podría violar el Decreto Legislativo 604, que garantiza la autonomía técnica y de gestión del INEI. Además, preocupa que la simplificación de un tablero multidimensional a una cifra única excluya aspectos clave para la formulación de políticas públicas.
En setiembre, un reportaje de Epicentro TV puso en evidencia que el gobierno tenía preparado un Decreto Supremo que transferiría al Midis la responsabilidad de calcular el indicador global de pobreza multidimensional, una tarea que hasta ahora ha estado a cargo del INEI y de la Comisión Consultiva de Medición de la Pobreza, un grupo independiente.
El economista Javier Herrera, en una entrevista con el medio, explicó en ese entonces que el objetivo del Ejecutivo sería consolidar en el Midis una metodología que combine diversos indicadores sociales. Sin embargo, Herrera advirtió que esta decisión contraviene las buenas prácticas internacionales en la elaboración de estadísticas oficiales, las cuales exigen independencia técnica y transparencia en la generación de datos.