Gobierno de Boluarte y su ‘alianza silenciosa’ con la industria militar de Israel

Mientras la comunidad internacional intensifica sus denuncias por crímenes de guerra y genocidio cometidos por Israel en Gaza, el Estado peruano actualmente liderado por Dina Boluarte Zegarra ha optado por una estrategia opuesta: estrechar lazos con uno de los principales actores del complejo militar israelí. A través de la empresa estatal FAME SAC, el Perú ha firmado un contrato por 60 millones de dólares con Elbit Systems, firma que produce armamento militar y que es señalada por las Naciones Unidas por su rol en la maquinaria de ocupación y destrucción en Palestina.

El acuerdo va más allá de una simple compra. Incluye transferencia tecnológica y la fabricación en suelo peruano de sistemas de lanzacohetes múltiples (MLRS), armas desarrolladas por Elbit y utilizadas en conflictos urbanos con efectos devastadores. Con este convenio, Perú se convierte en el primer país de la región en abrir sus puertas al ensamblaje local de estos sistemas, en plena expansión internacional de la industria militar israelí.

FAME SAC y las compras sin licitación

Este contrato, firmado mediante un “concurso privado internacional” —una figura legal que elude procesos de licitación pública—, forma parte de una tendencia reciente: la normalización de acuerdos cerrados entre el Estado peruano y proveedores extranjeros de armamento, sin mayor fiscalización. En esta oportunidad, la propuesta israelí superó a las presentadas por las firmas china Norinco y turca Roketsan. Sin embargo, más que una competencia técnica, la decisión parece haber estado determinada de antemano: el Ejército ya contaba con presupuesto aprobado para la adquisición.

La modalidad de compra fue la misma usada previamente para adquirir 10.000 fusiles Arad 7 de la firma israelí IWI y 30 vehículos blindados 8×8 K808 de origen coreano. En todos los casos, FAME aplicó procedimientos amparados en la Ley N.º 31684 —conocida como la “Ley FAME”— que obliga a las fuerzas armadas a canalizar sus adquisiciones mediante esta empresa estatal, permitiéndole contratar directamente sin licitaciones abiertas.

Elbit Systems: una empresa denunciada internacionalmente

Elbit Systems no es una empresa cualquiera. Está en el centro de múltiples denuncias por su rol en el aparato de guerra israelí. El reciente informe de la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, documenta cómo esta y otras firmas han capitalizado económicamente la devastación en Gaza. La firma Elbit es mencionada específicamente por probar sus armas en territorio palestino, lo que ha llevado a calificar a Gaza como un “laboratorio de guerra”. Las armas desarrolladas en este contexto son luego comercializadas con la etiqueta “combat proven” (probadas en combate), una estrategia de marketing siniestro basada en la destrucción real de poblaciones civiles. Según Albanese, lo que sucede en Gaza no es solo una ofensiva militar, sino un modelo económico: “Este genocidio continúa porque es lucrativo para muchos”, afirma la relatora.

La firma del contrato con Elbit, en este contexto, no es una decisión técnica o comercial aislada. Tiene implicancias éticas y jurídicas. La Convención sobre el Genocidio de 1948 establece la obligación de los Estados no solo de no participar en actos genocidas, sino también de prevenirlos y de no colaborar de ninguna forma con su comisión o sostenimiento.

Firmar convenios con empresas señaladas por complicidad en crímenes de guerra puede exponer al Estado peruano a responsabilidades internacionales. Más aún cuando el informe de la ONU ha pedido expresamente a los países romper relaciones comerciales y militares con firmas como Elbit Systems, e incluso promover sanciones y acciones legales contra ellas.

Hasta ahora, el gobierno de Dina Boluarte no ha respondido públicamente al informe ni ha dado explicación alguna sobre los términos del contrato. Tampoco el Congreso ha mostrado interés en fiscalizar estos vínculos, mientras que organismos de derechos humanos locales e internacionales comienzan a manifestar su preocupación.

Fabricarán armas israelíes en Perú

El sistema MLRS que fabricará FAME en alianza con Elbit, denominado PULS, es un mecanismo de lanzamiento de cohetes de largo alcance usado en escenarios de guerra de alta intensidad. Su despliegue ha sido ampliamente documentado en operaciones militares israelíes sobre Gaza. El acuerdo con Elbit contempla la instalación de líneas de ensamblaje en Perú y el entrenamiento técnico del personal peruano, con miras a convertir al país en una plataforma de exportación regional. Elbit ha sido clara: su objetivo es posicionar a Perú como centro logístico para América Latina.

Este proyecto plantea preguntas inquietantes: ¿quién controla el destino final de estas armas? ¿Qué garantía existe de que no sean vendidas a otros gobiernos o actores involucrados en conflictos armados? ¿Es este el tipo de rol que el Perú quiere jugar en el escenario global?

¿Quién está detrás?

Poco se sabe sobre las personas o instancias concretas que impulsan estos acuerdos desde el Ejecutivo. Las decisiones se toman con secretismo, bajo el paraguas de la “seguridad nacional”. Sin embargo, está claro que existe un núcleo de poder dentro del Ministerio de Defensa y del propio gobierno que promueve la consolidación de FAME como brazo ejecutor de la industria militar sionista en el país.

Más grave aún, la falta de transparencia permite que estos convenios se firmen sin debate público, sin supervisión parlamentaria y sin evaluar su impacto ético y geopolítico.

¿Un negocio militarizado?

FAME SAC, con este tipo de convenios, se aleja de una lógica de desarrollo tecnológico autónomo o de fortalecimiento de capacidades nacionales. En cambio, se convierte en una extensión de industrias extranjeras cuyos intereses no son los del Perú. A esto se suma el carácter servil con que se ha presentado el acuerdo: lejos de una postura soberana, el Perú parece ofrecer su territorio como campo de operaciones para una empresa involucrada en uno de los conflictos más brutales del siglo XXI.

En suma, Perú ha decidido ubicarse del lado de una empresa israelí que, según el derecho internacional, es parte activa de un sistema genocida.