Uno más a la lista negra de gobernadores regionales que han sido sentenciados, procesados, o vacados por actos de corrupción. Y es que parece ser que esa tendencia no va a cambiar a corto plazo si es que no existe una verdadera fiscalización en las obras públicas.
A cuatro años de cárcel efectiva fue sentenciado el gobernador regional de Tumbes, Wilmer Dios Benites, junto a seis exfuncionarios (John Piero Dios Valladolid, Jimmy Alexander Pacheco Marchán, César Adolfo Morales Guevara, Juan Manuel Izquierdo Sanjinez, Miguel Alonso Flores Muro y Carlos Genaro Carbonell Baca). por el delito de colusión agravada, aunque el juez dispuso que la medida sea suspendida hasta que se ratifique en segunda instancia.
Fue el fiscal anticorrupción Elber Jonathan Rivas Céspedes el que con su investigación consiguió esta sentencia por las irregularidades en la licitación de una obra en el asentamiento humano Edmundo Romero de Zarumilla, licitada en el primer periodo gubernamental de Dios Benites por un monto de S/ 2´121,201.12. El caso está a cargo del magistrado Ricardo Luis Reátegui Herrera, del Segundo Juzgado Unipersonal de Tumbes.
En esta obra se detectó un perjuicio económico superior a los 11 mil soles, producto del pago de valorizaciones no justificadas. Según la tesis de la fiscalía, los acusa de la aprobación de adicionales de obra sin la justificación que establece la normativa de adquisiciones y contrataciones del Estado para ser consideradas como tal a la ejecución de la obra “mejoramiento de la infraestructura vial urbana del AA.HH. Edmundo Romero Da Silva y Cercado de Zarumilla”.
De esta forma, se habría construido pavimento flexible con carpeta de asfalto caliente de espesor de 5 centímetros, y pavimento regido con losa de concreto de 20 centímetros de espesor y con una resistencia de 210 kg/cm2., vulnerando las especificaciones técnicas, evidenciándose que como resultado de un proceso constructivo, las losas presentan un desgaste prematuro, fisuramiento y agrietamiento por asentimientos y/o inadecuada dosificación de concreto y su curado, diezmando su resistencia a la agresión de agentes externos, hechos que ocasionaron el pago al contratista de un monto injustificado ascendente a S/ 70,385,06.
Según un informe presentado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a través de su Unidad de Análisis de la Información, las regiones más afectadas por la corrupción fueron Cusco (203), Lima (196), Junín (162), Arequipa (152) y Áncash (149); recordándose casos emblemáticos en los que las autoridades regionales y municipales lideraron redes delictivas desde la administración pública, como ‘La Centralita’, referida a las acciones delictivas del exgobernador César Álvarez en Áncash; ‘Los Topos de Lima Sur’, instalados en la Municipalidad de Villa María del Triunfo; ‘Los Limpios de la Corrupción’, en la Municipalidad Provincial de Chiclayo; ‘San Bartolo’, en la municipalidad del mismo nombre. A su vez el caso ‘Antalsis’, que involucra a los gobernadores regionales de Madre de Dios, Junín y Cusco; y, finalmente, el de Gregorio Santos, exgobernador regional de Cajamarca, acusado de liderar una organización criminal que benefició a empresas con contrataciones a cambio de favores económicos.