Ghersi: “No se puede hablar de reforma universitaria si se olvida que lo principal son los alumnos”

La Comisión de Educación del Congreso, está discutiendo un Proyecto de Ley enviado por el presidente Vizcarra y el ministro Martín Benavides, en el cual solicitan se apruebe la prohibición para abrir más universidades en el país. El problema es que, dicho proyecto, no toma en cuenta ni propone una salida a una grave situación: existen más de 140 mil estudiantes pertenecientes a las universidades privadas no licenciadas a los cuales la SUNEDU les ha quitado el derecho a un futuro profesional sin darles ninguna alternativa. 

La Comisión de Educación tiene en sus manos resolver este problema y sobre esa materia entrevistamos al Dr. Enrique Ghersi, experto en Derecho Constitucional y maestro universitario por más de tres décadas, quien plantea alternativas de solución.

En la actualidad, existe un régimen para las universidades públicas que no tienen licenciamiento. Pueden reorganizarse gracias al DS 016-2019-MINEDU. Se ha planteado que las universidades privadas no licenciadas se integren a este régimen pero hay quienes sostienen que eso no es posible porque significaría que el Estado financie su reorganización. ¿Usted qué opina?

Es cierto que el D.S. 016 señala que el Estado debe financiar la reorganización de las universidades públicas porque el Estado es responsable de esas universidades. Si se quisiera integrar a las universidades privadas no licenciadas al D.S. 016 bastaría con señalar que para éstas no aplica el financiamiento del Estado y que ellas mismas deben invertir.

El régimen del D.S. 016 es la única alternativa o en su opinión ¿existe otra salida?

Existe otra opción. A las universidades privadas que no tienen licenciamiento se les dio un plazo de dos años para su cierre pero de manera innecesaria la SUNEDU lo ha ampliado en tres años más. Pues bien, lo que se debería hacer es disponer que, en el plazo de los dos años que se les dio para el cierre, estas universidades planteen un plan de reorganización bajo el control de la SUNEDU. Aquellas que, en esos dos años, logren elevar su nivel académico y se conviertan en universidades con calidad, podrán seguir operando; y aquellas que no lo consigan, entonces, que cierren definitivamente. No se debe perder de vista que el objetivo es dar una solución a las decenas de miles de estudiantes que se han quedado en el aire.

¿Es una salida que el Congreso puede dar?

Por supuesto. Están discutiendo el tema en la Comisión de Educación. El problema es la posición de la SUNEDU que quiere cerrar las universidades a como de lugar sin darle alternativa a los estudiantes que se han quedado en la calle. Frente a esta posición que es claramente discriminatoria, el Congreso tiene la opción de resolver un problema social: que usen el plazo de dos años para el cierre para que las universidades no licenciadas tengan la opción de reorganizarse. Aquellas que lo consigan —bajo el control de la SUNEDU— le permitirán a miles de estudiantes continuar con sus estudios. Insisto, el objetivo debe ser los estudiantes. No es posible que se esté hablando de reformas olvidándose de lo principal: los estudiantes. Hay más de 140 mil a los que se les ha cortado la opción de un futuro profesional.

La SUNEDU sostiene que en el reglamento que han publicado existe la opción de que las universidades que no han sido licenciadas se presenten como universidades nuevas siempre que cumplan con el requisito de su cese definitivo.

Afirmar eso es incurrir en un argumento falso con apariencia de verdad, es decir, se trata de un enorme sofisma. Exigir que primero cierren para que luego se presenten no tiene ningún sentido. Eso equivale a decirle a una institución primero quiebra y después te atiendo. Es absurdo. También es absurdo querer convertirlas en universidades nuevas ¿qué sentido tiene? La misma SUNEDU les ha dicho que sigan operando durante dos años, luego les dice operen tres años más y luego les dice no puedes reorganizarte. Es muy disparatado. Se necesita con urgencia una solución para decenas de miles de estudiantes que están sin futuro. Y la solución es simple y concreta: el Congreso puede disponer que, en un máximo de dos años, esas universidades se reorganicen y que lo hagan bajo el control de la SUNEDU. Es una salida que respeta el rol de la SUNEDU. Si las universidades no licenciadas elevan su nivel académico podrán seguir, y si no lo hacen adiós para siempre. Así se podrá salvar el conflicto que se va a generar con esas decenas de miles de estudiantes en Lima y provincias, a los que se les está privando del derecho a estudiar.

Alguno tal vez diga que dos años es un plazo muy amplio.

Que les pongan un año entonces. Lo que no es válida es la posición draconiana de la SUNEDU de cerrar a como de lugar sin dar alternativas a los estudiantes. ¿Cómo puede hablarse de reforma universitaria olvidando a los alumnos que son la razón de ser de las universidades?

Pero el ministro Benavides señala que sí existen alternativas como el traslado a universidades públicas o a las privadas que tienen licenciamiento… 

El ministro Benavides es un gran aficionado a las falacias o tal vez sea un gran lector de novelas de ciencia ficción. Las universidades públicas están repletas de alumnos y carecen de presupuesto ¿cómo van a absorber a 140 mil nuevos estudiantes? En cuanto a las privadas licenciadas ocurren dos cosas: el alto costo de sus pensiones es un impedimento y, en el caso de los estudiantes de provincias, tendrían que mudarse a Lima. Por eso es que señalo que se están incurriendo en actos discriminatorios cuando la solución es más sencilla: que las universidades no licenciadas se reorganicen bajo las misma reglas de la SUNEDU. Denles un plazo para ello y que compitan. Las que no cumplan tendrán que cerrar, pero las que logren elevar su nivel académico seguirán. Si la propia SUNEDU y el propio ministro Benavides dicen que el objetivo es elevar el nivel académico ¿por qué se niegan a dar la oportunidad a las universidades no licenciadas para que cumplan ese requisito? Insisto en mi posición: esa oportunidad, en rigor, es la oportunidad para decenas de miles de estudiantes que se han quedado sin su legítimo derecho a un futuro profesional.